El presidente de los colombianos, Iván Duque, designó como nuevo ministro de Salud al Dr. Fernando Ruiz Gómez, un médico que ya había estado vinculado a esa cartera como viceministro en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El Dr. Ruiz Gómez llega al Ministerio con la experiencia que le dan sus maestrías en economía y en salud pública, luego entiende muy bien la problemática de la salud colombiana y la enorme inconformidad que tienen los pacientes, los médicos, los hospitales y en general todos los actores de un sector que requiere de toda la atención del Gobierno nacional.
Llega además encontrando un terreno abonado gracias a la buena gestión del anterior ministro, Dr. Juan Pablo Uribe, y de su coequipero, el Dr. Iván Darío González. Sin embargo, a pesar de su experiencia y de los buenos oficios del anterior equipo ministerial, el nuevo ministro no la va a tener fácil, se encontrará situaciones complejas y complicadas.
En Cartagena y en Bolívar encontrará nuevos alcaldes y gobernadores y nuevos secretarios distritales y departamentales de salud con quienes deberá hacer rápidamente el empalme y continuar trabajando por la salud de estas regiones, históricamente relegadas y evidentemente desatendidas.
Y es que la salud en Cartagena y Bolívar está en crisis. Los pacientes no tienen un acceso oportuno a los servicios y la inequidad es evidente, el derecho a la salud constantemente se vulnera y el resultado son unos indicadores alejados de los de las principales ciudades del país.
En Cartagena y en Bolívar los niños se siguen muriendo de desnutrición, siguen a merced de las barreras de acceso a los servicios de salud y siguen sufriendo y siendo víctimas de un sistema que pareciera favorecer todo tipo de intereses menos los de los pacientes.
Por solo poner un ejemplo, la falta de camas hospitalarias en nuestra región supera las 1.000 camas, los hospitales no tienen los recursos necesarios para su funcionamiento y los pacientes no acceden de manera oportuna a los servicios médicos.
El anhelado flujo de recursos proveniente de la ley de punto final no se ha visto aún, la que debía ser por lo menos una solución a corto plazo para inyectar oxígeno al sector se ha venido diluyendo en un mar de discursos, buenas intenciones, debates y quién sabe cuántos trámites que lentamente nos ha empezado a matar la esperanza.
Si nos vamos al tema hospitalario en Cartagena, los hospitales que atienden población vulnerable están en crisis, el Universitario, la Maternidad y la Casa del Niño, cada uno en mayor o menor escala, sufren la impotencia ante un sistema que no les da las garantías necesarias para prestar servicios de salud de manera adecuada. Estas instituciones viven en la estrechez y subsisten en la pobreza, trabajando con las uñas, sobreviviendo en un sistema donde los recursos para funcionar son un bien negociable al mejor postor.
Nadie ha ofrecido una solución cuando menos razonable al gran hueco que dejaron las liquidaciones de Caprecom, Saludcoop, Cafesalud, Saludvida, Comfacor y Emdisalud por solo mencionar algunas de las liquidadas. El hueco que dejaron estas liquidaciones en el sistema supera los miles de millones de pesos y nadie responde, ni los dueños de las liquidadas, ni los entes de control que en su momento permitieron ese gran desastre económico, ni los agentes liquidadores inmersos en un mar de trámites y de vericuetos jurídicos, que tienen hoy al sistema quebrado y con la gran responsabilidad de hacer frente a las deudas contraídas para poder atender en su momento a sus afiliados.
Otro punto que vale la pena mencionar es la crisis derivada de la atención de los pacientes venezolanos. Lo que empezó hace aproximadamente dos años como un gesto humanitario que buscaba ayudar a una población migrante y vulnerable, se convirtió en un gran agujero negro que está consumiendo los recursos de nuestro sistema de salud. No es posible que se pretenda atender a más de dos millones de usuarios migrantes sin un plan de choque económico que busque tener los recursos para su atención.
La UPC (Unidad de Pago por Capitación) de los afiliados colombianos no alcanza para lograr brindar la atención a esta población. Los recursos no han llegado y ni la Cancillería, ni Hacienda, ni cooperación internacional, ni Acnur, ni las secretarias distritales y departamentales han hecho algo para lanzar un salvavidas económico a los hospitales y clínicas, para poder hacer frente a esta contingencia generada en el actual gobierno, en el que pareciera más importante ver quién extradita a la Merlano que las camas de una red hospitalaria insuficiente y en crisis, ocupadas por los hermanos venezolanos.
Por último, no menos importante y sí muy doloroso, está el problema del abuso sexual a menores de edad, un tema que compete al Ministerio de Salud, pero también al ICBF, a la Policía de Infancia y Adolescencia, a la Fiscalía, al poder judicial, al sector educativo y en resumen a toda la sociedad. Este es quizás el mayor crimen social que puede presentarse y refleja la imposibilidad del Estado para crear estrategias efectivas que lo controle, quiero comentarle al señor ministro que en Cartagena, en un solo hospital, el último año hubo más de 350 casos de menores abusados y que la cifra de los últimos 5 años puede perfectamente superar los 1.500 niños, niñas y adolescentes atendidos por abuso sexual. Son señor ministro 1.500 vidas destrozadas y 1.500 historias de dolor y sufrimiento.
Como lo dije al inicio de esta columna, celebramos su nombramiento, le damos la más cordial y respetuosa bienvenida y estamos seguros y confiados que su experiencia y buenos oficios ayudarán a nuestra ciudad y a nuestra región a salir adelante, a progresar y a poder tener unas condiciones más dignas, eficientes y equitativas en temas de salud. Un derecho de todos que debemos garantizar y proteger.
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