Mirando el futuro y con indignación el presente abordé la oferta del Plan Nacional de Desarrollo de quebrar en 4 años la tendencia y parar la deforestación de la Amazonía en 220 mil ha anuales, es decir perder 880 mil en el cuatrienio.
Comparto con Manuel Rodríguez, exminambiente, que la meta es “tímida e inaceptable”. Más que contener la solución es revertir y pasa por fortalecer la decisión y capacidad del Estado para imponer al delincuente la autoridad, proteger con rigor los Parques Nacionales Naturales y recuperar lo usurpado posibilitando la resiliencia del bosque agredido. Defender la soberanía, el agua, el clima, la biodiversidad y la vida es una obligación que exige máxima contundencia.
En el Parque Natural de Chibiriquete, declarado por la Unesco patrimonio cultural y natural de la humanidad, las talas y quemas, la coca y la minería ilegal, la frontera agrícola están “fragmentando la conectividad del corredor biológico más importante del país entre los Andes, la Amazonía y la Orinoquía”, informa María López Castaño, directora de Semana Sostenible.
Ella junto con Brigitte Baptiste, directora del Alexander von Humboldt, lo sobrevolaron y horrorizadas vieron que el mar verde se tornó en gris, en negro y luego en gran devastación. Cuenta en su editorial que Brigitte con lágrimas exclamó: “El centro del mundo, el último espacio grande de selva está ardiendo masivamente ante la indiferencia de muchos o la impotencia de los demás”.
“El fin del mundo. En este momento están quemando donde sale el agua y está la biodiversidad (...) todo por tres putas vacas y la corrupción. ¡Hemos fracasado como ambientalistas! No logramos que nuestro mensaje fuera contundente”.
Conociéndola sé que su decepción es de dolor, no de abandono de la lucha. Es la impotencia de saber que “todas las aguas de los Andes a la Amazonía pasan por Chibiriquete y crean un mundo a cada paso”, y que la mayor deforestación se da con complicidades en Caquetá, Putumayo, Meta y el Guaviare.
Indigna saber que el gobernador Nebio Echeverry impulse vías en la selva, cultivos de palma y el enriquecimiento ilícito, estimulando praderas para ganadería. La Procuraduría lo investiga. ¿Y la Fiscalía? No hay catastro actualizado para saber quiénes son los dueños y el tamaño de las fincas.
Como lo pide en Semana Sostenible el investigador de Dajusticia, vencer la infamia exige “intervenir las notarías y revisar las oficinas de instrumentos públicos, saber si se están validando negocios ilegales sobre figuras de protección agraria o ambiental”.
Sin dilación hay que meter en cintura a la diversidad de ecocidas. Reaccionar y revertir requiere inversión, que se reprima el delito y se repare la agresión al Parque Natural o la reserva forestal.
El reto, similar al de los manglares, exige un poder judicial comprometido que le duela la gravedad del delito y no excarcele. Contundente es ejercer el poder y desarticular estructuras criminales, sus financistas y abogánters.
*Abogado ambientalista y comunicador.
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