El reciente comunicado del periodista Fredy Muñoz, con el que reacciona al fallo en su contra, pone como argumento a su favor un artículo de La Silla Vacía titulado Los sonados casos de la fiscal que negó que los campesinos de Las Pavas fueran víctimas. El texto cuestiona las actuaciones de la fiscal Miriam Martínez Palomino, quien abrió el proceso en contra del periodista y, según la defensa de Muñoz, ejerció presiones indebidas para que el guerrillero Yainer Rodríguez declarara en su contra.
La fiscal, que murió hace un par de semanas en la Vía del Mar, fue conocida por su actuación frente al caso de Las Pavas, en la que archivó un proceso por desplazamiento argumentando que a esa zona no había llegado el conflicto, y que por tanto era imposible que los campesinos fueran forzados a dejar sus tierras.
De acuerdo a la misma publicación, la fiscal Martínez fue la responsable del proceso en contra de Alfonso Hilsaca, que después cayó por carecer de pruebas convincentes. Se encontraron varias inconsistencias en la providencia de Martínez, y se estableció que realizó la captura con testimonios contradictorios de paramilitares que posteriormente se retractaron y que manifestaron presiones por parte de la funcionaria.
En el mismo texto se establece que Hilsaca había sido objeto de extorsión: “Además, porque en este caso se comprobó que el ex fiscal de Justicia y Paz José Alfredo Jaramillo Matiz extorsionó al investigado para ‘arreglar’ el caso a cambio de 500 millones de pesos. La Corte Suprema de Justicia condenó a este ex fiscal”.
Más allá de las actuaciones de la fiscal Martínez, en los tres citados casos, la reciente historia colombiana se narra también a partir de vicios de la justicia. El caso de Sigifredo López, es otra situación en la que la Fiscalía finalmente determinó que los testimonios en su contra eran falsos, pero para entonces el hombre ya había sido privado de la libertad por parte de la justicia.
Lo ocurrido al exdiputado generó reacciones, como las del exprocurador Jaime Bernal, que llamó la atención sobre los beneficios que se les da a los delatores y el negocio de “acusar personas inocentes”. El exfiscal general Mendoza Diago, coincidió y se atrevió a denominarlo como “el carrusel de testigos falsos”. El Fiscal General, Eduardo Montealegre, advirtió con determinación imputaciones a los falsos testigos.
De cualquier manera, la Justicia colombiana tiene el desafío de aplicar todos los principios del derecho, como el pro homini y pro liberatis, por encima de sus precarias condiciones. Las limitaciones técnicas de la justicia no pueden justificar que se desconozcan los principios de favorabilidad, el debido proceso y el Estado Social de Derecho. Una cosa es creerlos culpables y otra es actuar al margen del ideal de una justicia garantista. Mientras no se superen todos estos escollos, será imposible dejar de cuestionar a la justicia y será imperativo crear condiciones para optimizar las condiciones del sector.
*Psicóloga, activista, defensora de derechos humanos.
claudiaayola@hotmail.com
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