Columna


Complot, manzanas podridas y degradación política

TATIANA VELASQUEZ

23 de mayo de 2022 12:00 AM

El Juez 11 Penal Municipal revocó, el pasado 18 de mayo, las medidas de aseguramiento contra la concejal Gloria Estrada, Martín Barreto y Avelino Villamizar, capturados el 14 de enero con droga, cuando se desplazaban en una camioneta por el barrio Manga. La defensa entregó evidencias sobre un complot, que también sacaron a flote otros hechos graves para la institucionalidad cartagenera.

Primero. Hay manzanas podridas en la Policía Metropolitana. Los testimonios de tres miembros de la Policía (ya hay destituciones e investigaciones en curso) fueron las pruebas más sólidas que la defensa presentó para señalar al alcalde local Andy Reales, al edil Pedro Aponte y al concejal Luis Cassiani como autores del montaje.

Esos testimonios, además, dejaron un manto de dudas sobre si esas prácticas ilegales son recurrentes en la Policía o solo son fruto de unos pocos descarriados.

Con sus testimonios, los patrulleros Sergio Martínez y Miguel Navarro detallaron cómo fueron abordados por un compañero suyo, Alexander Salas, para sembrar droga en la camioneta de la concejal y sus acompañantes. Dijeron que les ofrecieron hasta $15’000.000 a cada uno.

Salas escribió el informe en el que se basó el Juez 18 Penal Municipal de Cartagena para restringirles la libertad a la concejal y sus acompañantes.

Segundo. Hay vasos comunicantes entre políticos locales y la ilegalidad. La defensa de Estrada demostró que en Cartagena hay políticos capaces de incurrir en prácticas irregulares, pese a estar llamados a dar ejemplo ciudadano y a no defraudar la confianza de sus electores, con tal de sacar del camino a sus contradictores.

Más allá de esos hechos, sobre los señalados ya había varios ruidos. El edil Aponte fue señalado, en 2015, por una familia del barrio El Socorro de intentar asesinar a uno de sus miembros. Según esa denuncia, Aponte llegó a la vivienda acompañado por hombres armados para cobrar una deuda de $15’000.000.

En cuanto al concejal Cassiani, él fue uno de los involucrados en la trama irregular para elegir a la contralora Nubia Fontalvo, en 2016, cuando Manolo Duque era alcalde. Por ese hecho, tuvo casa por cárcel más de un semestre. Además, la Procuraduría lo sancionó por haber comprometido de manera irregular vigencias futuras por 15 años.

Y sobre Andy Reales hay dudas, desde hace meses, por el manejo que le dio a la contratación pública de la Alcaldía Local 2. Funcicar alertó por varios contratos: uno de ellos lo firmó, durante la cuarentena de 2020, con la Cooperativa Multiactiva de la Renovación sin que existieran estudios previos ni de mercado.

Que políticos locales sean señalados de fraguar un complot con droga le da más combustión a la desconfianza ciudadana y sobre todo reafirma la narrativa de que a la política no llegan los ciudadanos más íntegros.

*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.

TEMAS

  NOTICIAS RECOMENDADAS