Me impresionó la fotografía con la cual abre El Espectador su edición del domingo 17 de noviembre de 2019: un grupo de hombres y mujeres camino al ETCR Llanogrande, en Dabeiba, Antioquia, que, desprovistos de sus alamares de altos ejecutivos y de no conocer a algunos, su procedencia y su ya larga y fructífera militancia empresarial, hubiese dado de primera vista en no identificarlos con lo que en su vida han sido y son: combatientes silenciosos y comprometidos por la paz de Colombia desde las trincheras del empresarismo y la solidaridad.
Promotores de la responsabilidad social efectiva en sus empresas y remeros a contracorriente de una mar de condiciones adversas: desigualdad, exclusión, discriminación social y corrupción, tanto en el seno de la sociedad como en el del Estado, que han sido el caldo de cultivo histórico para que las guerrillas, hoy desarmadas e incorporadas al torrente social, humano, político, a la economía y al aparato productivo, hubiesen alcanzado la preponderancia que por más de cincuenta años tuvieron como carburante de un conflicto armado que todavía sangra por lo social y cuya radical solución demanda del tipo de luchadores de los que hoy desde sus empresas, y en el marco del Acuerdo de paz firmado hace tres años, aportan de manera significativa para lograrlo.
Y no un simple “granito de arena”, como llaman ellos el aporte que en conjunto hacen sus empresas en una moneda cuya circulación, movilidad y uso históricamente restringido, la tierra, deja al descubierto el peso protuberante que este medio de producción ha tenido y tiene en el origen, desarrollo, reproducción y fin del conflicto social en Colombia.
De su reducción y contención si se aboca de manera oportuna y frontal con el tratamiento correcto que demandan e imponen las circunstancias, que no viene a ser otro distinto de darle a la tierra el uso, destino y propiedad que determinan las leyes sociales, el mercado y el ordenamiento y sistema jurídico vigentes.
De lo cual no es que Estado y Gobierno anden del todo en esa dirección, y distinto de “Grupo Sura, Nutresa, Argos, Éxito, Proantioquia, Universidad Eafit”, todas empresas antioqueñas, tampoco es sabido que en otras regiones de Colombia y en apoyo efectivo a la implementación del Acuerdo de Paz suscrito y refrendado por el Estado, se esté dando el mismo consenso generoso de su empresariado: ganaderos, agricultores, palmicultores, industriales, universidades privadas, gremios, centros de pensamiento, con los “miles de excombatientes que han demostrado su voluntad de reincorporarse a la sociedad y a los cuales deben brindárseles oportunidades reales para que construyan junto con sus familias, una nueva forma de vida dentro de la legalidad y de manera sostenible”.
*Poeta.
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