A Cartagena le afecta la suspensión del alcalde, pues se prepara para recibir un paquete de inversiones cercanas a los ochocientos setenta mil millones de pesos, cifra nunca antes manejada por administración local alguna: en el presupuesto vigencia 2017, hay proyectos por unos 120.000 millones de pesos; un empréstito por 112.000; el centro administrativo distrital, 190.000; el acueducto pluvial en 300.000 millones; 100.000 millones para defensa costera, el único aporte de la nación y otros proyectos por unos 50.000 millones.
Analizando esta cifra con las de otros gobiernos, se resalta que, primero, nunca hubo un monto comparable para un solo año, ni siquiera cuando la nación fue mas generosa con Cartagena, y segundo, que esta suma supera lo que lograron invertir entre 2012 y 2017, las administraciones de Judith Pinedo y Dionisio Vélez.
Preocupante y curioso que cuando más se precisa de la estabilidad local, llegó una absurda suspensión para Manolo Duque, no por el derrumbe de una edificación en el barrio Blas de Lezo en la que desafortunadamente murieron 21 obreros, sino por las construcciones ilegales, cuando esto sucede en todo el país y cuando estas funciones se encuentran en manos de inspectores de policías según la Ley 1801 de 2016.
Conviene estar expectante frente a las decisiones venideras y las actuaciones de los alcaldes por encargo, de paso solicitar al presidente, que una vez sea radicada la terna presentada por el movimiento Primero la Gente, proceda urgente a la designación de un encargado que conozca el programa de gobierno y plan de desarrollo en ejecución, con el fin facilitar la llegada de ese buen momento que los cartageneros esperamos en materia de inversiones.
No esta demás solicitar al Dr. Sergio Londoño, quien ha resultado ser un encargado de lujo, que convenza al nivel central para que los funcionarios cumplan con las normas que obligan a que la nación destine mayores recursos para la ciudad de Cartagena, tal como la Ley 01 de 1991, que determina la obligación de la nación para financiar defensa costera, la Ley 1617 de 2013, para recuperación de cuerpos de agua y facilitación de la navegabilidad, y de la ley 1784 de 2016, en que también se identificaron una serie de proyectos que Planeación Nacional y la Dirección General de Presupuesto han escamoteado, negando a los cartageneros posibilidades de desarrollo.
Finalmente pedir a la Procuraduría, que si el alcalde no tiene forma de incidir en la investigación y habiéndose aclarado que la competencia en inspección urbanística era de los inspectores, suspendan la medida cautelar y permitan el regreso del alcalde titular.
*Concejal del Distrito de Cartagena
COLUMNA DEL CONCEJO
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