Columna


La convocatoria 27

ENRIQUE DEL RÍO GONZÁLEZ

03 de agosto de 2021 12:00 AM

En esta sociedad existe una lucha permanente por lograr la subsistencia en condiciones dignas. No es fácil cuando estamos en un país con pocas oportunidades y la escasez es general. Los índices constantes de pobreza y desempleo lo ratifican, a lo que se suma la constatación directa de la miseria que nos circunda. Se percibe como posible solución la educación en todos los niveles y con ello la adquisición de competencias profesionales para acceder al mercado laboral. Aun así, el problema subsiste, pues, las vacantes son escasas en comparación con la demanda de empleo, lo que ha motivado la informalidad en la búsqueda del sustento.

El principal empleador es el Estado, por la necesidad de personal para proveer cargos que faciliten el cumplimiento de funciones oficiales. En un esquema equitativo, la distribución de esos espacios debe obedecer a lineamientos objetivos en los que prevalezca el mérito y se rechace el nepotismo. Por ello es importante la defensa democrática de las convocatorias públicas y transparentes, coordinadas por personas que no tengan ningún tipo de interés en mantener vigente la inequitativa “rosca”, de la cual no se salva la rama judicial; a propósito del tema miremos esta perla.

La convocatoria 27 es el actual concurso de méritos para la selección de jueces y magistrados, cuya prueba de conocimientos se llevó a cabo en el 2018. Cuando las calificaciones fueron publicadas se conoció que había un yerro en el orden de algunas preguntas, que hizo incompatible un sector de la hoja de respuestas, lo que ocasionó que los resultados no fueran concordantes.

Advertido y corregido el error, se dispuso la nueva calificación. Situación que provocó inconformidades, al punto de lograr que extrañamente se optara por la repetición de la prueba de conocimiento bajo un nuevo argumento, consistente en que muchas preguntas estaban mal formuladas. En contra de esta disposición se presentaron enormes cuestionamientos mediante acciones de tutela, las cuales fueron negadas por improcedentes. Fue así como se mantuvo la decisión de repetir la prueba y se fijó una fecha que ha sido reprogramada varias veces por la pandemia.

No se entiende desde qué lógica se opta por anular todos los exámenes ante reclamaciones particulares, cuando ello representa una ostensible injusticia para los que ya aprobaron y una carga económica innecesaria para el Estado. Por no pecar diré que se desconocen los motivos por los que hay personas que no quieren el avance del concurso. Lo cierto es que a aquellos aspirantes que aún creen en el mérito solo les queda la esperanza de que la Corte Constitucional en ejercicio de la revisión que se encuentra en marcha, revoque la decisión de repetir la prueba y mantenga los resultados de quienes ganaron en franca lid.

*Abogado.

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