Reglas de bioseguridad, decretos, acuerdos, inspecciones, consultas previas, permisos y muchos actos jurídicos que intentan dar orden a cuanta acción o construcción se realiza en Cartagena. La realidad es que se han vuelto peajes y nos han convertido en el blanco de las extorsiones de empleados distritales corruptos y líderes amañados quienes en nombre de la Ley o los derechos de minorías se sienten con la facultad de cobrar por su visto bueno o su silencio.
Durante la cuarentena se prohibió la visita a la zona insular a cualquier tipo de embarcación o persona que no viviera allá. Durante 6 meses se suponía que las Islas del Rosario estarían cerradas. Hoy, para sorpresa de muchos encontramos hoteles y casas nuevas que contrastan con el abandono de los muelles y las residencias de quienes respetaron la norma y tienen posesión legítima ante el Estado.
Debido al supuesto cierre de Cholón, el archipiélago está lleno de lanchas cerca a Punta Mantas donde los “malandrines” construyeron quioscos sobre los corales en los que venden comidas sin que ninguna autoridad haya hecho nada al respecto, atentando con la estabilidad ecológica del lugar.
Construir o remodelar en el Centro Histórico nos hace vulnerables al cobro de mordidas por parte de los funcionarios que se han convertido en “dioses” del Visto Bueno con una sola firma. Suspenden obras de forma arbitraria a quienes honestan las normas y autorizan megaconstrucciones como Aquarela sin sentido estético.
Hacer una construcción legal en Cartagena requiere mil de erudiciones y permisos costosos mientras las invasiones se multiplican como un virus al que le crecen los servicios públicos sin estudios de factibilidad. Defenderse de quienes invaden lotes es un acto heroico ya que requiere demostrar la propiedad de la tierra más allá de las escrituras y de los tiempos que benefician los invasores.
Pero la extorsión no es un acto solo para obras de alta envergadura. Los funcionarios corruptos también les piden dinero a los vendedores ambulantes para darles el certificado de legítima confianza, a los restaurantes para habilitarlos, y a los morosos para sacarlos del sistema. Los corruptos se mercadean y ofrecen los permisos y autorizaciones impunemente, sin que la autoridad caiga sobre ellos.
Las consultas previas se han desnaturalizado, no protegen el derecho de las minoras étnicas, y se han convertido extorsiones de líderes infectos que exigen sumas millonarias a empresas honestas que generan empleo. Mientras, la comunidad no recibe ningún tipo de beneficio colectivo ni social.
En este ambiente de depredadores observamos con preocupación que el alcalde Dau enfila su lucha hacia los corruptos ignorando la realidad lacerante de un sistema que gobierna y que golpea a los ciudadanos de bien. Para nada sirve su publicitada lucha anticorrupción si su gran batalla no empieza por casa desinfectado el distrito de las plagas que lo afectan.
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