Columna


COVID en los colegios

GERMÁN DANILO HERNÁNDEZ

20 de julio de 2021 12:00 AM

Según analistas, el manejo de la pandemia del COVID-19 por parte del gobierno colombiano ha sido en muchos casos desafortunado; ello explicaría las razones por las cuales el país permanece entre los 10 primeros en el mundo con muertes ocasionadas por el virus.

Tras casi un año y medio de emergencia y más de 115.831 vidas perdidas, algo se debió haber aprendido. No se explica entonces por qué, en momentos en que Colombia afrontaba uno de los más altos picos de contagios, el mayor número de muertes, y con los hospitales de varias ciudades colapsados, el Gobierno nacional ordenó el retorno a la presencialidad en colegios y jardines infantiles, programado ahora para el próximo 9 de agosto.

Con las nuevas variantes del virus son crecientes los contagios, hospitalización y muertes de menores de edad, por lo que el regreso a las aulas estaría allanando el camino para un nuevo pico de la pandemia, en el que las principales víctimas serían niños.

El caso del INEM de Cartagena podría ser un referente: además de la muerte de un funcionario, el rector, algunos docentes, vigilantes y operarios del aseo se han contagiado con el virus, al igual que numerosos estudiantes (sin asistir a las sedes).

Inclusive, el contagio de una funcionaria administrativa afectó a su pequeña hija de solo un año. ¿Podríamos imaginar lo que pasaría si estas circunstancias se repiten con los 4.000 estudiantes de ese plantel en clases presenciales?

Autoridades departamentales y municipales intentan cumplir las instrucciones del gobierno central de garantizar condiciones de bioseguridad para minimizar los riesgos de contagios en los colegios, pero nadie desconoce las precarias condiciones de infraestructura educativa que, con contadas excepciones en nuestro territorio, impiden la adopción real de protocolos. A ello se suma que los niños y jóvenes son altamente sociables, y no será tarea fácil mantenerlos distanciados.

Consulté a varios secretarios de Educación que admitieron estar en total desacuerdo con el retorno a clases presenciales este año, pero que se sienten obligados a exigir a rectores y profesores su cumplimiento. Opino que los funcionarios que enfrentan en esa condición podrían declarar una objeción de conciencia a fin de impedir que sus acciones como escuderos de una orden improvisada, los conviertan también en responsables de una nueva y previsible tragedia. A los padres de familia también nos corresponde actuar, antes que sea demasiado tarde.

Ante los avances de la vacunación infantil en varios países, lo que el Gobierno nacional debería contemplar es la inmunización de los estudiantes, previo el retorno a las aulas en 2022.

*Asesor en comunicaciones.

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