Columna


COVID y marchas

SOQUI RODRÍGUEZ

17 de octubre de 2020 12:00 AM

El jueves, El Universal titulaba “Siguen aumentando los casos positivos de COVID-19”. Injustamente se atribuía esta alza al mal comportamiento de la gente en los restaurantes y centros comerciales acusándolos de no tomar las medidas de protección necesarias. Es injusto, pues en estos lugares se respetan las medidas de bioseguridad. En general, cuando uno anda por Cartagena, la mayoría de los ciudadanos transitan con sus tapabocas. La gente está consciente de los riesgos persistentes y son muchos los que se mantienen aislados a pesar de no existir la medida de pico y cédula. La cuerda la están rompiendo por el lado más delgado y al final “justos pagaremos por pecadores”. ¿Por qué no pensar que el aumento en el número de casos positivos es el resultado de las marchas inconsecuentes? La ley no puede ser para los más bobos. Las medidas de aislamiento social y evasión de aglomeraciones que el Minsalud ha repetido desde el principio de la pandemia deberían ser obligatorias para todos los ciudadanos. Las marchas llegan a tal punto de absurdez que la última congregación de los mototaxistas se dio a pesar de que el alcalde había reculado y había hecho cambios en el decreto que limitaba su movilización. Aun así, cerraron avenidas y una vez más dieron cabida a los inconformes camuflados que atacan el bien y la paz pública. Colombia había alcanzado su pico en la última semana de julio. Después los casos habían bajado enormemente. Igual ocurrió en Cartagena donde pasamos días sin muertes y los casos activos fueron bajando considerablemente. Pero llegaron las marchas y el “derecho” a protestar se pasó por la faja las medidas para contener el coronavirus echando al traste el gran sacrificio que habíamos hecho los ciudadanos responsables y las consecuencias económicas que esto puede seguir teniendo. Parece que cerrar avenidas y marchar por el país y sus ciudades no requiere ningún protocolo de bioseguridad. Cientos de personas caminan apiñadas, bailan y beben juntos pasando de un departamento a otro sin que nadie se atreva a pararlos y requerirles el distanciamiento social. Gritan sus arengas sin tapabocas, esparciendo saliva, no se lavan las manos y ninguno les toma la temperatura. Mientras, si un ciudadano responsable quiere ir a misa debe pasar por un proceso meticuloso y ajustarse a las 50 personas permitidas a pesar de querer ir a rezar en silencio; el dueño del restaurante debe mantener un aforo del 30 % y seguir pagando su nómina completa. Los usuarios de Transcaribe esperan en interminables colas para respetar la capacidad autorizada del bus y es imposible entrar a un banco sin tapabocas. El interés público prima sobre el privado. Mientras la amenaza del COVID exista las marchas no debían estar permitidas.

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