Crimen y violencia

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América Latina y el Caribe es la región más violenta del planeta. Nuestra tasa de homicidios por cada cien mil habitantes es cuatro veces el promedio mundial. El 39 % de los homicidios del mundo ocurre en nuestra región, a pesar de que solo representamos el 9 % de la población global. La tasa de robos regional por cada cien mil habitantes es cerca de tres veces el promedio mundial. Esta realidad fue analizada en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- (Documento para Discusión No. IDB-DP-644), que entrega algunas lecciones sobre el tema. El artículo encuentra que los problemas de crimen y violencia están concentrados en las áreas urbanas. En algunos países el fenómeno está agrupado en unas pocas urbes y en zonas de estas. Por ejemplo, en Centroamérica los homicidios ocurren en el 10 % de los municipios de la región, mientras que el 50 % de los delitos se concentra en menos del 10 % de las zonas de la ciudad.

Existe una alta heterogeneidad en la región porque varias ciudades se encuentran por debajo de la tasa media de homicidios mundial, mientras que otras registran niveles que son 10 o 20 veces mayores.

Esta situación es costosa para la economía. El BID estima que el delito le cuesta a los países latinoamericanos cerca del 3,5 % del PIB, lo que equivale a unos 170 mil millones de dólares (a tipo de cambio de 2014). La estimación incluye el gasto público y privado en seguridad, así como el costo social del crimen por victimización y el ingreso no generado por los privados de libertad.

Hay varios factores asociados con el crimen y la violencia en la región: la rápida y desordenada urbanización que ha generado áreas segregadas con escasa presencia estatal capturadas por grupos ilegales; el desempleo juvenil, ya que cerca de 7,1 millones de jóvenes están desempleados en la región; la limitada respuesta de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia; y el estancamiento de la productividad en las ciudades.

No hay una receta única para enfrentar el problema y, por lo tanto, la estrategia que se adopte debe responder a las necesidades de cada territorio. Los mejores resultados se han alcanzado con aquellas políticas que combinan medidas preventivas y de control. Dentro de las mejores prácticas se incluye una mayor efectividad policial y de las tareas de inteligencia, una mejor capacidad de gestión, la priorización de la prevención en los grupos más vulnerables, la mayor participación comunitaria (incluyendo al sector privado), y el compromiso con el uso de nuevas tecnologías, que abarcan el análisis de datos y herramientas de aprendizaje automatizadas.

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