Uno de los aspectos más preocupantes que se encuentran en la Cartagena de hoy, es el conjunto de carencias y pobrezas existentes en esas casi tres cuartas partes de la ciudad; pero cuando se mira a esa otra ciudad, la rural, insular y la del norte, se entiende que el problema es mucho más complejo, pues esas carencias son en la totalidad del territorio.
Aquí es donde se entiende la expresión de las deudas que el Estado y la administración pública tienen con todas estas comunidades. Deudas que no se han asumido plenamente y a las que sólo se les responde marginal, espontáneamente, en periodos de elecciones o cuando surge alguna emergencia.
No es comprensible, por ejemplo, que después de 21 años en el siglo XXI, ninguna de las cabeceras de corregimientos y veredas de Cartagena tenga alcantarillado, vías en buen estado, centros de salud óptimos y establecimientos educativos dignos, decentes y que le indique a los niños que estudiar es algo bueno y positivo.
Pero tal vez donde es más ominosa y grave esa deuda, es en el transporte entre las poblaciones insulares y la ciudad. Las comunidades que tienen buenas vías de acceso, no se hicieron para ellas, sino para apalancar el desarrollo inmobiliario de los terrenos que hay a su alrededor o en su trayecto, como pasa por ejemplo con Pontezuela y Bayunca, Manzanillo o Punta Canoa. A las comunidades que están al norte del peaje de Marahuaco, les cargaron la cruz del mismo, que paralizó la vida económica de estas poblaciones. Lo mismo se puede afirmar para los tres pueblos que están en la Isla Barú.
Donde existe una especie de afrenta con todas estas poblaciones, es con los sitios de zarpe o llegada de quienes se desplazan por vía acuática. Es incomprensible que hoy miles de ciudadanos que llegan o salen para alguna población en lancha o chalupa, lo hagan en las condiciones más deprimentes, además de riesgosas y desobligantes, como se hace a cada minuto en Bazurto o en otros sitios, donde informalmente y sin control alguno operan diariamente cientos de lanchas que cruzan la bahía en la forma más invisible para todas las autoridades.
¿Cuántos años tendrán que pasar, o desafortunadamente, qué tragedia debemos esperar, para que las élites políticas locales, en especial la administración, asuman el reto de planear, ordenar y propiciar condiciones dignas para la operación de las embarcaciones que desde las 6 de la mañana se desplazan entre la ciudad y sus comunidades isleñas? Este es solo uno de los componentes de esa deuda histórica que la ciudad tiene con sus territorios, y si existiese voluntad política y comprensión de las carencias y necesidades, planear un desarrollo físico, urbanístico, de mejoramiento de servicios públicos, ofrecer una educación de calidad a sus niños y adolescentes, y propiciar mejores ingresos y calidad de vida, sería el inicio del pago que se les debe.
*Sociólogo
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