Cuando los jueces medican

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Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del Pueblo, presentó el informe de tutelas del año 2018, revelando que en Colombia se vulnera el derecho a la salud de algún paciente cada 34 segundos.

En 2018, se registraron 607.308 acciones de tutela por violaciones a un derecho fundamental. De estas, 207.734 corresponden a transgresiones al derecho a la salud, siendo la cifra más alta en la historia de Colombia desde la Constitución Política de 1991.

La información de la Defensoría del Pueblo es real y evidencia lo que padece el que recurre a los servicios de salud, encontrando un sistema inhumano, donde la calidad y calidez que deberían distinguir la atención a los usuarios cada día, se pierde cuando las empresas promotoras y las instituciones prestadoras de salud no atienden oportunamente las solicitudes de sus afiliados, encomendando esa acción a oficinas virtuales, donde en forma robótica una computadora asigna citas, como es lógico sin tener en cuenta las condiciones prioritarias del paciente.

Al acudir a las entidades de salud encuentran a empleados que no saben qué responder al no tener poder de decisión, no hay quien pueda resolver una situación por mínima que sea, porque dependen de regionales en otras ciudades, quedando como única alternativa las acciones de tutelas para conseguir el amparo de sus derechos a la vida y salud integral, pero lo peor es que ni a los jueces respetan las EPS, pues los fallos se apilan sin cumplir las órdenes judiciales de hacer una cirugía o dar un medicamento.

Para solucionar la problemática del sector es necesaria una reingeniería administrativa que implemente procesos dinámicos que den respuestas eficaces a los usuarios, puede ser la descentralización por parte de las EPS de las funciones directivas, para lo cual la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud deben promover las reformas legales que modernicen el sistema de seguridad social, de igual forma las EPS deben velar por tener con sus afiliados una comunicación de alta calidad humana, que incluya los avances tecnológicos sin sustituir con androides a las personas; únicos seres con capacidad de razonar y comprender las necesidades de los demás, condición que jamás tendrán los aparatos. El Congreso tiene la responsabilidad de anteponer el interés colectivo de todo el pueblo, al interés particular de los empresarios de la salud, aprobando las innovaciones legales que protejan la vida de los colombianos, para que los jueces no tengan que seguir medicando.

*Especialista en formación de formadores

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