Desde hace varios años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publica un reporte que monitorea los territorios con presencia de cultivos de coca. Esta publicación se ha convertido en un referente obligado para el estudio de los cultivos ilícitos en el país y la última versión del 2022 entrega mensajes claves para los encargados de la política pública en este frente.
Un primer mensaje es que se mantiene la tendencia creciente en la producción potencial de cocaína como resultado de un mayor número de hectáreas sembradas de coca, lotes en edades más productivas y localizadas en terrenos con mayor productividad. El estudio estima que el aumento del 13% en el área sembrada de coca implicaría un incremento del 24% en la producción.
De acuerdo con el reporte, la producción potencial llegó a 1.738 toneladas en 2022. Esto a pesar de que la incautación de pasta/base de cocaína registró un aumento del 20% llegando a 106 mil kilogramos, mientras las incautaciones de cocaína cayeron 1,5% hasta 659 mil kilogramos y los laboratorios ilegales desmantelados se redujeron en 18% alcanzando a ser 4.707.
El año anterior terminó con 230 mil hectáreas sembradas con coca. El 77% del incremento neto se concentró en Putumayo, donde hubo un aumento cercano a las 20 mil hectáreas. En el resto del país las zonas cultivadas crecieron en un 3%, lo que refleja la importancia del Putumayo en las hectáreas sembradas en 2022.
Existe una alta concentración geográfica en los cultivos de coca, ya que el 65% de estos se ubican en tres departamentos: Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Este cultivo está presente en 185 municipios de los 1.122 existentes en el país. El municipio con mayor siembra es Tibú (Norte de Santander), con 22 mil hectáreas. Luego se encuentran Tumaco (21 mil hectáreas) y Puerto Asís (12 mil hectáreas).
Un tema preocupante es que el 49% del área con coca se encuentra en las llamadas zonas de manejo especial: 19% en territorios comunitarios afrodescendientes, 15% en reservas forestales, 10% en resguardos indígenas, y 5% en parques nacionales naturales. El mayor aumento se observó en los parques nacionales naturales (21,5%) y en los resguardos indígenas (18%).
El cultivo de coca tiene sus implicaciones sobre hechos violentos. El reporte señala que, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre 2017 y 2022 en los municipios con cultivos de coca la población civil sufrió 2,8 veces más amenazas y 4,3 veces más homicidios que en aquellos sin coca.
No hay duda de que la información contenida en el reporte de UNODC es fundamental para la definición de las políticas públicas nacionales y locales en materia de cultivos ilícitos. Su lectura debe ser obligatoria para aquellos actores involucradas en ellas.
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