Durante su campaña a la Alcaldía de Cartagena, el hoy mandatario William Dau prometió que no permitiría la continuidad de más peajes en la ciudad. El caso específico es la Alianza Público Privada (APP) con KMA Constructores, que contempla los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento; gestión social, predial y ambiental del proyecto de Concesión Vial Corredor Portuario de Cartagena.
La APP, adjudicada por Pedrito Pereira días antes de terminar su gobierno, contempla la inversión de 1,9 billones de pesos, para intervenir 66 kilómetros de vía y tenía como fecha de inicio de obras el 2021, y para recuperar la inversión contarán con cinco peajes por 30 años, razón por la cual Dau dijo que no lo permitiría, pero esa promesa hoy lo ponen entre la espada y la pared.
La razón por la que el alcalde no tiene fácil cumplir esa promesa, es por las advertencias que ha hecho la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), ante la negativa del mandatario de darle continuidad a la firma del contrato, porque, según la ANDJE, no hay suficientes argumentos jurídicos por parte del Distrito para declarar la nulidad del contrato adjudicado por Pereira el 16 de diciembre de 2019.
¿A qué se expone Cartagena? Según ese documento de la agencia jurídica, hay preocupación por el caso, “dado que la defensa es verdaderamente complicada y se considera que existe un riesgo alto de condena, que no solamente podría perjudicar al ente territorial, sino que representa un peligro para el alcalde, el jefe de contratación y otros servidores implicados frente a una futura acción de repetición”.
Según las recomendaciones de la ANDJE, la Alcaldía de Cartagena no cuenta con los argumentos jurídicos para mantenerse en la posición de no permitir la continuidad del contrato; es decir, el alcalde tiene dos opciones: firmar y permite continuar el proyecto, o somete a la ciudad a una condena multimillonaria, que seguramente también acarreará contra Dau acciones penales y disciplinarias.
Cuando hablamos de peajes, la reacción siempre será negativa, por eso KMA le ha solicitado al mandatario en varias oportunidades reuniones y encuentros para conciliar, y plantear otras alternativas, como una tarifa diferencial, que residentes de zonas aledañas rechazan porque consideran que les toca pagar para entrar y salir de sus barrios.
Concilie alcalde, en estos casos se requiere mesura, cabeza fría y un buen equipo que asesore a tomar decisiones legales, certeras y concretas para la ciudad.
Su promesa se quedó sin piso jurídico, pero seguramente hay otras alternativas que pueden ayudar a una sabia y oportuna decisión.
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