¿De quién es la culpa?

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Ante la posibilidad de que Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, no pueda aspirar a la Presidencia de la República, o bien porque la Corte Constitucional no lo facilite en el fallo anunciado para hoy, o porque aun admitiéndolo, la Corte Penal Internacional y algunos gobiernos extranjeros lo hagan inviable por no haberse sometido a un proceso de justicia y reparación previos, huelga preguntarse cómo fue que llegamos a esta incertidumbre, que pone en riesgo franco continuar el proceso de inserción de los ex combatientes a la vida ordinaria nacional.

Desde el inicio y a lo largo de las negociaciones en la Habana reputados abogados, colectivos de víctimas y reconocidas ONG, como HRW, advirtieron que para que los guerrilleros ocuparan cargos de elección popular, tendrían que someterse a juicios en los que confesaran sus delitos, cumplieran algún tipo de condena y resarcieran a las víctimas con los bienes acumulados por sus actividades insurgentes. De lo contrario quedarían expuestos a la jurisdicción penal internacional, que hoy no admite que autores de crímenes de lesa humanidad ocupen cargos públicos sin pasar por tales procesos.

Especulando sobre cómo se pactó lo contrario de lo exigido internacionalmente, no es fácil afirmar si fueron los abogados de las FARC los que convencieron a los negociadores del Gobierno que los acuerdos de paz de Colombia estarían exentos de esa espada jurídica, o si fue una jugada maquiavélica del Gobierno, de aceptar tal exigencia para firmar la paz, sabiendo que auncuando quedara pactado, su valor sería inane ante las normas internacionales que también tienen vigor en Colombia.

Sea lo que fuere, Timochenko debió notarlo recientemente, pues es lo que mejor explica por qué cambió la decisión de aplazar su aspiración para otro periodo, apoyando en las elecciones próximas a un candidato que garantizara un gobierno de transición. Pero al lanzarse ahora, pone a prueba la seriedad del Gobierno y el compromiso de las tres ramas del poder público para defender e implementar los acuerdos tal como se firmaron en el Teatro Colón. Y en verdad que la encrucijada del Estado por el cumplimiento dilatado de los acuerdos sólo puede generar una pesada incertidumbre, y profundiza la polarización que soñamos con dejar atrás en el país.

Y queda, además, la paradoja que, por una lado, los ‘furibistas’ alegarán que todo es otra jugada estratégica de Uribe; y, por el otro, los antiuribistas quizá dirán que el culpable del nuevo entuerto también es Uribe. ¡Cójanme ese trompo en la uña!
 

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