Decisiones contundentes

16 de marzo de 2019 12:00 AM

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Defender el ambiente, asumir riesgos, es una necesidad inaplazable. La crisis climática y el desborde obligan a hacerlo. La institucionalidad es una coraza para que quien ejerce autoridad se empodere, regule y exija acatar las normas, o use la fuerza pública para enfrentar, detener y sancionar los daños al ecosistema, como la ley lo ordena.

La deficiencia en el cuidado del Patrimonio Natural y del ambiente es consecuencia de que la cultura ciudadana e institucional, subvalora que la participación protectora es un deber individual y acción social virtuosa. Siendo de orden público las denuncias, redención y sanciones son pocas.

El primer objetivo de la política ambiental es proteger y que la autoridad sancione, recupere, reconstruya, desactive la repetición insoportable y ofensiva del delito y/o la contravención; que derrote la indiferencia, complicidades, el egoísmo o el miedo.

El gran reto es doblegar, detener y reducir el capitalismo salvaje y la informalidad del poblamiento caótico, riesgoso, delictual, y la desigualdad social que no cede. Contundente enfrentar la ignorancia, soberbia, injusticia, el prevaricato y la (in) cultura ambiental multiestrato que agrede la conciencia de sostenibilidad como valor ético.

Pienso en el empresario que se informatiza para “ahorrar” y a sabiendas del daño vende el escombro, o corrompe para contaminar y no minimizar el impacto en las aguas de uso común.

Duele que la contaminación de la Bahía persista y que pese a los controles y la Fundación Mamonal, se evidencie que algunos incumplen las metas de mitigación. Vivimos con invasiones que no se ven y olores ofensivos no huelen.

Ante lo que sucede en toda la zona costera, creceremos si somos contundentes en el accionar, y si frenamos la suicida desecación de ciénagas y deforestación en los Parques Naturales y la Amazonía.

No es posible seguir sin una decisión estatal de restituir los bienes de uso público, preservar el bosque y superar el garantismo que favorece al delincuente. No más escrituras de “posesión” o prescripciones de lo imprescriptible. Sin justicia ambiental y mano dura es imposible defender los ecosistemas.

Urge vencer la impunidad que socializó el delito. Ejecutar las sentencias y detener los rellenos del mar con concesiones a puerta cerrada.

Todas las ramas del poder público tienen que encarar este pasado acumulado y corregir el rumbo para tener un futuro digno y sostenible.

La Procuraduría cobijando el clamor ciudadano, presentó acciones populares y comprometió a los entes nacionales y al Distrito a superar nuestro caos funcional, de allí la exigencia de acciones al Ecobloque y metas medibles.

Aunque el Gobierno considera como logro que la deforestación sea de 880mil ha en estos 4 años, el Ministerio Público liderará aquí una cumbre de los poderes públicos que legitime y optimice procederes para proteger con rigor “el agua, la biodiversidad y el ambiente valorados de interés nacional principal”.

*Abogado ambientalista y comunicador.

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