Democracia y ciudadanía

28 de abril de 2010 12:00 AM

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Recuerdo, como si fuera hoy, la conferencia que pronunció en la Universidad de Cartagena el distinguidísimo historiador y politólogo hindú, Partha Chatterjee. Profesor de la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, y uno de los miembros más destacados del grupo de “Estudios Subalternos”, vino hace ya tres años a hablar sobre política y ciudadanía en el mundo contemporáneo, invitado por el Instituto Internacional de Estudios del Caribe. El profesor Chatterjee dijo muchas cosas interesantes, pero sobre todo una me pareció clave para entender los cambios profundos que afectan las democracias modernas. La idea de que incluso en los países más desarrollados la condición de ciudadano tiende a disminuir en comparación con el crecimiento de esa masa de personas que no goza ya de la ciudadanía, y que se relaciona con el Estado mediante mecanismos e instrumentos que no responden a las instituciones establecidas, sino a nuevos arreglos, hechos específicamente para ellos. En otras palabras: las ciudades se pueblan más y más de personas que no tienen las condiciones para el ejercicio pleno y racional de los derechos ciudadanos. Gentes sin trabajo estable, sin servicios públicos consolidados, con ingresos pésimos y coyunturales y con niveles de educación muy bajos. Paradójicamente, no es sólo en países pobres donde este fenómeno amenaza con destruir las muy débiles estructuras democráticas, fruto de siglos de lucha y esfuerzos, sino, lo que es peor, es cada vez más evidente en naciones avanzadas como los Estados Unidos El caso colombiano, entre otros, es muy llamativo. Según la Constitución, todos los hombres y mujeres nacidos en el territorio nacional son ciudadanos. Hasta allí nuestro ordenamiento jurídico se equipara a los de los países más avanzados, en cuanto que no pone restricción alguna al ejercicio de la ciudadanía. El problema comienza cuando, al lado de la letra constitucional, colocamos algunas estadísticas básicas, como, por ejemplo, el número de desempleados, de trabajadores informales, la proporción de quienes reciben un ingreso paupérrimo, y el telón de fondo de la violencia. Según Armando Montenegro, en columna reciente, la informalidad ya cobija el 58 por ciento del mercado, lo que unido al 14 por ciento de desempleo nos da un dato escalofriante de un 72 por ciento de la fuerza de trabajo sin empleo estable. Además, como si esto fuera poco, “el 35 por ciento de los trabajadores de las ciudades gana menos del salario mínimo”. Las ciudades colombianas crecen vertiginosamente, y sus habitantes, como muestran estas cifras, son en su mayoría gentes sin trabajo fijo, con pésimos ingresos, condenados a la peor de las miserias. En otras palabras, sin las más mínimas condiciones para ejercer de manera plena y deliberada los derechos de una ciudadanía moderna. ¿A qué vienen estas reflexiones? A que son precisamente estas mayorías las que van a elegir al nuevo presidente de la República, y acaban de elegir a los congresistas. Y quizás en estas estadísticas, y en la violencia sin control, esté la clave para entender por qué, como se comenta profusamente, en Colombia se vota sin que los votantes se enteren de los programas de los candidatos. Como si no fuera necesario. *Historiador. Profesor de la Universidad de Cartagena. alfonsomunera55@hotmail.com

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