Columna


Demoliciones y pecados

RAFAEL VERGARA NAVARRO

16 de octubre de 2021 12:00 AM

Hemos avanzado en legislación, formalización de la actividad constructiva, regulación y controles de los residuos de construcción y demolición (RCD), pero aún nos falta un camino que Estado y gremios tenemos que transitar.

Y se necesita porque hay que derrotar una realidad que lacera: las invasiones multiestrato de la informalidad e ilegalidad histórica de crecer el suelo urbano a base del relleno, deforestación previa y la continuada agresión de las aguas y frágiles ecosistemas que la Constitución exige respetar, preservar y reconstruir.

El ecocidio y relleno con RCD de las 51 Ha de manglar que entre 2015 y unos meses del 2020 se perpetró en Tierra Baja y Puerto Rey, aterra y demuestra el descomunal incumplimiento de la ley, tolerancias y complicidades con la urbanización ilegal que frenamos con ejercicio de autoridad y las capturas ordenadas por la Fiscalía de los líderes del llamado cartel del escombro, lo que desactivó el concierto para delinquir. Otras zonas de bajamar muestran cicatrices.

La elevación de conciencia y el compromiso ambiental de los constructores controlando el correcto manejo y el destino de sus impactos negativos, es vital para poder lograr la ciudad sostenible que necesitamos.

Es claro que el manejo incorrecto de los RCD es lo que posibilita el delito de deforestación y cambio del uso del suelo, sancionado con rigor por las nuevas conductas delictivas de la Ley 2115 del 2021 y administrativamente por la ley 1333/2009.

Porque hay que parar las invasiones, rellenos y ocupación de los bienes de uso público, en el Ecobloque se determinó como objetivo el No + Escombro o Escombro 0, y lograr la meta exige detener el volquetero informal, ligado a las “inmobiliarias” ilegales para quienes, con o sin Pin, no es rentable llevar el RCD al relleno.

Esa informalización de la actividad es posible por la conducta antiética de constructores indisciplinados, no rigurosos, y los que dolosos evaden su obligación, trasladando el costo de producción al capital natural degradado con el RCD, cuyo manejo regulan las resoluciones 0472/2017 de Minambiente y 0649/2019 y 0112/2020 del EPA.

Preocupa que el EPA, la Policía y la Guardia Ambiental con frecuencia detengan volquetas para cuyos dueños vender la carga de RCD es dinero a ganar. Al igual que los constructores que informalizan no reparan en el daño a los recursos naturales. Y no se trata de que justos paguen por pecadores, pero no más pecados contra la Creación.

Y está pasando, lo que significa que la metodología del código PIN exige más tecnología, y por parte de los constructores extremar los controles con el relleno de Los Cocos para garantizar el buen manejo, enterramiento o aprovechamiento del residuo peligroso. Esta es una responsabilidad administrativa y penal irrenunciable del emisor.

*Abogado ambientalista y comunicador.

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