La lucha contra la corrupción genera resistencia. Hoy la más férrea es la del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, que quiere expulsar de su país a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), cuya eficiencia despierta envidias en aquellos países donde los sistemas anticorrupción fracasan.
Se trata de una venganza de Morales contra el titular de la CICIG, Iván Velázquez, porque pidió sacarle la inmunidad presidencial por haber recibido dineros sucios para su campaña.
Por suerte en América Latina, la región en donde la corrupción es histórica, estructural y cultural, se observan buenos avances en su contra, como lo admite el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. Uno de los casos más sonados lo lideró en su país natal contra la dupla Fujimori-Montesinos y ahora es en Brasil, donde el caso Lava Jato desató la caída de poderosos en toda la región, como la del ex presidente peruano Ollanta Humala y su esposa.
El caso brasileño ha desnudado el concepto de cartelización de la corrupción, lo que Velázquez está tratando de extirpar de Guatemala. No solo es gente y funcionarios que quieren beneficiarse del Estado, sino grupos poderosos, públicos y privados, que actúan en complicidad como carteles públicos con rasgos de crimen organizado.
Por ello los guatemaltecos comunes no quieren que desaparezca la CICIG, nacida en 2006 tras un acuerdo entre el gobierno y las Naciones Unidas, que en pocos años logró lo que el sistema judicial guatemalteco no pudo en décadas, incluyendo procesar y condenar la ex cúpula presidencial compuesta por Otto Pérez Molina y Rosana Baldetti.
Ugaz, de Transparencia, da otra dimensión a esta cartelización. Ya no habla de corrupción sino de la “gran corrupción”. Considera que dejó de ser un problema moral como se la percibía hasta hace tiempo, ya que tiene una fuerte implicancia económica al impactar negativamente en la sanidad, la educación, la pobreza, el desarrollo y la gobernabilidad.
Ugaz precisa que además de reformas de políticas públicas, se necesita educar contra la cultura de la corrupción. Le alarma que el 78 por ciento de la población considere que la corrupción “es el pago de una contraprestación recibida, casi una transacción normal común y corriente cuando en realidad es un hecho delictivo”.
Ugaz y Velázquez observan que se necesitan otros dos elementos para desarraigar la corrupción, tal como sucedió en Perú, Guatemala y Brasil.
El empoderamiento de los ciudadanos protestando en la calle para exigir justicia y una prensa independiente e investigativa que ponga al descubierto los temas que la Justicia tiene bajo reserva, ayudando a crear presión, conversación pública y conciencia sobre cómo la corrupción roba la vida cotidiana de cada ciudadano.
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