La Constitución Política define a Colombia como un país unitario descentralizado. Para hacer efectivo ese mandato, la carta política estableció que el 46% de los ingresos corrientes de la nación debían ser trasladados a los departamentos y municipios. Los problemas fiscales del país, en particular cuando el déficit fiscal de los gobiernos subnacionales comprometió la estabilidad macroeconómica, llevó a reformar el monto trasladado. En la actualidad las transferencias no superan el 27%, lo que hace que tengamos una descentralización a medias y un gobierno nacional manejando más recursos.
Una de las consecuencias de este desequilibrio en la distribución de los recursos del país, son las relaciones de poder que se establecen entre los gobiernos departamentales y municipales con el gobierno nacional. Más que una relación de colegas trabajando mancomunadamente para el desarrollo nacional, se ve un gobierno nacional poderoso disponiendo de los recursos a su antojo y unos gobernantes locales patinando fondos de despacho en despacho en Bogotá.
Para la mayoría de alcaldes y gobernadores, esa relación de sumisión con Bogotá es normal y, al asumir el poder, replican el modelo sin cuestionar mucho las reglas ni preocuparse por explotar las pocas bases tributarias que tienen. Recuerdo que en la última campaña electoral, un candidato a gobernador dijo en un discurso que debía ser el elegido porque él tenía contacto con el funcionario nacional dueño de la chequera.
Esta sumisión se fortalece por el desconocimiento de los dirigentes locales de las reglas para distribuir los recursos. Los criterios son poco claros y manejados por los tecnócratas del gobierno nacional. Esto les permite a los ministros llegar a cualquier departamento o municipio a entregar recursos que, en algunos casos, les pertenecen por ley. Por ejemplo, el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) es un sistema de ahorro que pertenece a los gobiernos para cubrir su pasivo pensional.
Una vez se llegue al ahorro requerido, los excedentes pueden ser utilizados por los gobiernos locales. No obstante, se puede ver a un funcionario nacional apareciendo en cualquier territorio llevándole el cheque del Fonpet como si fuera un regalo.
Una completa descentralización requiere manejar los recursos. La reducción de las transferencias, y la poca explotación de las bases tributarias, hace que los gobiernos departamentales y municipales sean muy dependientes de las asignaciones del gobierno nacional vía presupuesto. Así Colombia vive en una descentralización a medias.
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