“Oh... y ahora ¿quién podrá defendernos?”. Esta frase del Chapulín Colorado fue lo único que se vino a mi mente con la ampliación de la cuarentena. Nos encontramos en una encrucijada económica y social que no parece tener salida en manos de un presidente que solo vive en función del COVID. Es como si el resto de los problemas del país fueran invisibles. Los decretos que ha emitido el Gobierno para ayudas durante la emergencia tendrán para Colombia un costo cercano a los $17 billones y son recursos que tarde o temprano saldrán de nuestro bolsillo. Sin embargo, cuando el ministro de Hacienda habló de una reforma tributaria hace unos meses el país reaccionó, la prensa se alborotó y el presidente mandó a callar al ministro. Pero ¿de dónde saldría esa plata si no es de los impuestos que son la fuente de financiación del Estado? El problema es que en Colombia pagan impuestos los asalariados y las empresas organizadas del país y la polémica cuarentena está acabando con ellos. De acuerdo al presidente de Fenalco, Jaime Cabal, más de 150 mil empresas cerrarán en Colombia por culpa de las cuarentenas. Confirma el Dane que el comercio fue el sector que más trabajos ha perdido durante la pandemia, lo que es muy grave ya que este genera el 29,1% del empleo urbano del país y la tasa nacional de desempleo está cerca del 22%. Cartagena es una de las ciudades más afectadas.En los sistemas de mercado privado las principales fuentes de riqueza las crean los grupos particulares, personas y empresas pero al paso que vamos acá no quedarán muchas. Mientras el objetivo de cualquier gobierno debe ser imponerle al entorno productivo el mínimo posible y estimular la creación de nuevas compañías, nosotros vamos a la hecatombe con la posibilidad de pagar más impuestos. En Colombia los empresarios no solo están cerrando sino que no ven luces al final del túnel porque el país se covitizó. Acá no se habla de nada diferente a la pandemia. El presidente Duque parece que solo escuchara al ministro de Salud mientras ignora a los Gremios, a la ONU, a los financieros. Ignora a los pobres que no quieren más limosna y piden salir a trabajar. Ahoga a la empresa formal dispuesta a seguir los protocolos de bioseguridad, mientras da cabida a la informalidad que inunda las calles exponiéndoles al contagio. Se ignoran las cifras que muestran una sociedad creciente en problemas psiquiátricos, suicidios y hasta maltrato familiar debido al encierro. Parece mentira que 143.000 casos activos tengan a 50 millones de Colombianos padeciendo. ¿No sería más conveniente invertir esa plata en salud y dejarnos salir a trabajar?
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