Continúa en el primer año de gobierno de Duque el plan de tierra arrasada contra la clase trabajadora, con la ejecución del Holding Estatal Servicios Financieros.
El déficit fiscal no se soluciona combatiendo los 50 billones de la corrupción, sino privatizando las pocas entidades del Estado, Doc. Conpes 3927 del 2019, y el art- 331 ley 1955 de 2019, PND 2018 – 2022.
Los gobiernos neoliberales desde Gaviria, utilizan los PND para cumplir las órdenes de sus financistas de campañas, Sarmiento Angulo, las multinacionales, FMI, BM, BID, OCDE.
Las potenciales víctimas son los trabajadores contratados de Ecopetrol, su filial Cenit Sas, de transporte y logística de hidrocarburos, ISA, denominadas las joyas de la corona para la inversión social y el gasto público.
El Banco Agrario, Colpensiones, Fondo Nacional del Ahorro, Bancoldex, Findeter, Segurexpo, Previsoras Seguros, Finagro, Icetex, Positivas Seguros, Nueva EPS, Fiduprevisora, Fiducoldex, Fiduagraria, entre otras.
Sin duda aumentará la tasa de desempleo, los trabajos decentes, mínimo vital, derecho al trabajo en condiciones dignas, poniendo en peligro más de 13.475 empleos directos y 5.664 empleados temporales y contratistas.
La visión del gobierno de Duque en estos tres años es acabar con las pocas empresas del Estado que sobreviven, sus convenciones colectivas de trabajo, acuerdos colectivos, sus organizaciones sindicales, sus derechos adquiridos.
Es otro falso positivo de este gobierno, su bandera del PND, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, cuando como política pública impone a los trabajadores de estas empresas, despidos sin justa causa o planes de retiros voluntarios.
Paradójicamente existe la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, Art- 55 CP de 1991. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.
Art- 56. Una comisión permanente integrada por el Gobierno, empleadores y trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales.
La forma como el Centro Democrático y su gobierno han tramitado estas reformas, debilita el diálogo social y el tripartismo como mecanismos del sistema democrático participativo y que transitemos a una sociedad más igualitaria y justa.
El diálogo social es un procedimiento eficaz para la justicia social, la equidad, el respeto y garantías del Estado a los principios y derechos fundamentales, y no es seguir haciendo trizas el proceso de paz en los mandatos laborales.
*CUT BOLÍVAR
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