Quienes insisten en desmontar los peajes o en congelar sus tarifas atentan contra este exitoso modelo de financiación, construcción y operación de la infraestructura que el país requiere para mejorar las condiciones de vida de la población, la competitividad territorial y la productividad empresarial.

Las ventajas del modelo de concesiones son irrefutables. Porque se basa en inversión privada hecha por los concesionarios. Porque las entidades que los financian les exigen que cumplan con las especificaciones de la obra contratada y en los tiempos establecidos. Porque esas obras las pagan quienes las usan con peajes cuyas tarifas corresponden con el costo de operación y de mantenimiento generado por sus vehículos. Y porque la infraestructura pasa a ser propiedad del Estado cuando finaliza el período de la concesión.

Las vías del país no son uniformes porque se diseñan y construyan teniendo en cuenta las condiciones geográficas y topográficas de los territorios que conectan. Por ello, tampoco puede haber uniformidad en las tarifas de los peajes ni en la distancia que se establece entre una caseta de cobro y otra ni en el número de éstas.

Es obvio que las concesiones como cualquier otro negocio deben generarles a quienes las asumen, los ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones y obtener una rentabilidad. Bajo el modelo actual dicha rentabilidad está limitada bien sea porque los contratos llegan a su fin cuando los concesionarios recaudan todos los ingresos acordados o porque éstos se restringen si no se ha cumplido el tiempo mínimo fijado.

La creciente tendencia a bloquear las vías y destruir equipos e infraestructura de los concesionarios es inadmisible porque la violencia nunca podrá sustituir al diálogo en búsqueda de soluciones que contemplen las razones de las comunidades, pero también la realidad y los argumentos de quienes asumen los riesgos financieros en la construcción, operación y mantenimiento de las vías.

Los alcaldes no pueden eludir su responsabilidad en el control de hechos vandálicos como los que se están dando en Bolívar. Ni pueden ser promotores de eliminación de los peajes. A ellos les corresponde hacer uso de la fuerza pública para garantizar la seguridad e integridad de los empleados de las concesiones y para preservar la propiedad privada y estatal, so pena de incurrir en conductas que pueden derivar en investigaciones y sanciones de los órganos de control.

Preservar las concesiones para avanzar en el propósito de superar el rezago que tenemos como país en materia de infraestructura es responsabilidad del gobierno en todos sus niveles. Si por esas condenables acciones y por la indiferencia de las autoridades la situación actual no tiene fin, estaremos haciendo inviable un modelo que le ha generado beneficios a nuestra sociedad y atraído inversión nacional y extranjera.

*Director ejecutivo CCI Norte

Quienes insisten en desmontar los peajes o en congelar sus tarifas atentan contra este exitoso modelo de financiación, construcción y operación de la infraestructura que el país requiere para mejorar las condiciones de vida de la población, la competitividad territorial y la productividad empresarial.

Las ventajas del modelo de concesiones son irrefutables. Porque se basa en inversión privada hecha por los concesionarios. Porque las entidades que los financian les exigen que cumplan con las especificaciones de la obra contratada y en los tiempos establecidos. Porque esas obras las pagan quienes las usan con peajes cuyas tarifas corresponden con el costo de operación y de mantenimiento generado por sus vehículos. Y porque la infraestructura pasa a ser propiedad del Estado cuando finaliza el período de la concesión.

Las vías del país no son uniformes porque se diseñan y construyan teniendo en cuenta las condiciones geográficas y topográficas de los territorios que conectan. Por ello, tampoco puede haber uniformidad en las tarifas de los peajes ni en la distancia que se establece entre una caseta de cobro y otra ni en el número de éstas.

Es obvio que las concesiones como cualquier otro negocio deben generarles a quienes las asumen, los ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones y obtener una rentabilidad. Bajo el modelo actual dicha rentabilidad está limitada bien sea porque los contratos llegan a su fin cuando los concesionarios recaudan todos los ingresos acordados o porque éstos se restringen si no se ha cumplido el tiempo mínimo fijado.

La creciente tendencia a bloquear las vías y destruir equipos e infraestructura de los concesionarios es inadmisible porque la violencia nunca podrá sustituir al diálogo en búsqueda de soluciones que contemplen las razones de las comunidades, pero también la realidad y los argumentos de quienes asumen los riesgos financieros en la construcción, operación y mantenimiento de las vías.

Los alcaldes no pueden eludir su responsabilidad en el control de hechos vandálicos como los que se están dando en Bolívar. Ni pueden ser promotores de eliminación de los peajes. A ellos les corresponde hacer uso de la fuerza pública para garantizar la seguridad e integridad de los empleados de las concesiones y para preservar la propiedad privada y estatal, so pena de incurrir en conductas que pueden derivar en investigaciones y sanciones de los órganos de control.

Preservar las concesiones para avanzar en el propósito de superar el rezago que tenemos como país en materia de infraestructura es responsabilidad del gobierno en todos sus niveles. Si por esas condenables acciones y por la indiferencia de las autoridades la situación actual no tiene fin, estaremos haciendo inviable un modelo que le ha generado beneficios a nuestra sociedad y atraído inversión nacional y extranjera. Y por ese camino nos condenaremos a aplazar indefinidamente la modernización vial que necesitamos como país.