Columna


Educación en tiempos de COVID

MARÍA CAROLINA CÁRDENAS R.

MARÍA CAROLINA CÁRDENAS R.

08 de agosto de 2020 12:00 AM

A través de distintos medios de comunicación se ha tenido noticia de esfuerzos gubernamentales para garantizar la educación gratuita en universidades públicas, así como instituciones privadas, con la finalidad de amortiguar el impacto económico de las familias, han incorporado beneficios como descuentos, exoneración de costos como rubros por inscripción a programas y nuevas modalidades de becas dado el impacto negativo en la economía mundial y local en el marco de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, con gran sorpresa se advierte que esto corresponde solo a un pequeño porcentaje de instituciones y que, otra cantidad de universidades se muestran resistentes a esta necesidad de reajustes dirigidos a garantizar la continuidad de los procesos académicos de quienes carecen de los mismos recursos; e incluso negando distintas propuestas elevadas por sus mismos educandos. Es por ello que resulta imperioso recordar a las instituciones educativas que su objeto es la prestación de un servicio público con una marcada función social, necesario para la efectividad del derecho a la igualdad, y su íntima relación con la dignidad humana (Sentencia T-102/17). De igual manera que la Corte Constitucional ha concedido el amparo del derecho a la educación de estudiantes que se han visto obligados a suspender sus estudios por falta de recursos económicos para cubrir los gastos de matrícula, estableciendo como requisitos, que: (i) el estudiante y sus padres no puedan pagar la deuda contraída; (ii) que sea personas que en ese momento contaban con recursos limitados, incluso para su subsistencia, y (iii) que hayan elevado propuestas a la universidad para celebrar un acuerdo de pago acorde su capacidad económica, y este no pudiere concretarse. (Sentencia T-531 de 2014).

Otro factor a considerar, atiende a que las instituciones deben adaptarse estableciendo estrategias de incorporación de las TICS que no solo se exprese en el traslado del proceso enseñanza- aprendizaje del aula física a las plataformas digitales; sino que permita la asincronía (que no sea necesario conectarse al mismo tiempo) flexibilizando la jornada y en consecuencia acceder a un trabajo o atender actividades que por la pandemia han tenido que asumir en sus hogares.

El ejercicio de la autonomía universitaria tiene claros límites constitucionales y legales, especialmente cuando puede verse sacrificado el derecho a la educación. Por lo que este es un llamado a las universidades para que realicen ajustes razonables que materialice el derecho a la educación en términos de igualdad, garantizando la permanencia de sus estudiantes en el sistema, congruente con su misión de generar una sociedad proclive a la defensa de los derechos humanos, equitativa y socialmente justa.

*Abogada.

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