El 737

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Los accidentes de aeronaves comerciales siempre son noticia de primera plana por dos razones: son muy infrecuentes – uno por cada 2.5 millones de vuelos – y arrojan por lo común un elevado número de víctimas.

El avión es, de lejos, el principal medio de transporte a distancia del mundo: el año pasado volaron más de 4 mil millones de pasajeros. Con razón el transporte aéreo pertenece a la órbita de la regulación estatal.

En octubre pasado, murieron en Indonesia 189 personas a bordo de un Boeing 737 Max 8, que cayó al agua poco después de despegar.

Al parecer, el accidente ocurrió porque el piloto automático se descontroló. La empresa Boeing anunció entonces que revisaría el nuevo software incorporado a la aeronave. Nunca lo hizo.

En esta semana se reveló que, en 2017, cuando fue aprobado el Max 8, la Boeing no informó al gobierno sobre el nuevo software. En últimas, nadie obligó a la empresa a rendir cuentas.

La semana pasada, otro Boeing 737 Max 8 se precipitó a tierra en Etiopía en iguales circunstancias, con un saldo de 157 muertos.

Como consecuencia, todos los países, con excepción de Estados Unidos, procedieron casi enseguida a prohibir los vuelos del Max 8 mientras se investigan las causas de las dos tragedias. Pero, para vergüenza de una agencia respetada como autoridad en seguridad aérea por muchos países, entre ellos Colombia, la Administración Federal de Aviación (FAA) norteamericana se vio obligada a seguir el ejemplo de los demás, ante la abrumadora evidencia de que había sospechosas coincidencias entre los dos accidentes. El sonado caso ha llevado a cuestionar en ese país la calidad de la regulación del transporte aéreo y la malsana influencia que sobre ella ejerce Boeing, un gigante con ventas en 2018 superiores a US$100 mil millones.

En una columna en el New York Times, James Hall, expresidente de la Junta Nacional de Seguridad Aérea, la agencia federal que investiga siniestros aéreos, denunció que los problemas del Max 8 se deben a la laxitud con que la FAA supervisa la fabricación de aviones.

En 2005, presionada por Boeing, la FAA montó un descabellado sistema de “auto certificación”: el fabricante puede delegar en sus propios empleados la certificación de calidad de las aeronaves que produce.

Por supuesto, Boeing no tiene incentivo alguno para fabricar aviones que se caen del cielo. Pero alarma cuando el Estado, que representa el interés colectivo, se maneja con el criterio de minimizar su presencia reguladora en la economía y abdica su responsabilidad de velar por la calidad de los productos que se venden en el mercado. Las consecuencias están a la vista.

*Profesor de la Facultad de Economía y Negocios UTB

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