El costo del control

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Colombia tiene un andamiaje institucional que realiza seguimiento a las transacciones y actividades que efectúan las personas naturales y las empresas públicas y privadas. En momentos en que se discuten acciones encaminadas a reducir la corrupción en el país, valdría la pena que se diera una discusión objetiva sobre el costo que tiene ese aparato institucional. A continuación presentaré algunos indicadores que ayudan a dimensionar esta situación.

Un primer grupo de control lo constituyen las llamadas “ias”: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. En 2018 estas tres instituciones le costaron al país $4,6 billones, donde la que más contribuyó fue la Fiscalía con $3,4 billones. Le siguió en presupuesto la Procuraduría con $612 mil millones y luego la Contraloría con $572 mil millones.

Adicionalmente, el entramado de control está compuesto por las superintendencias encargadas de vigilar las actividades económicas y servicios públicos. Colombia cuenta con diez superintendencias: financiera, economía solidaria, subsidio familiar, salud, industria y comercio, sociedades, vigilancia y seguridad privada, notariado y registro, servicios públicos domiciliarios, y puertos y transporte.

Estas superintendencias le costaron al país $1,0 billón en 2018. En su orden, las cinco con mayor presupuesto fueron la Superintendencia de Notariado y Registro ($281 mil millones), la Financiera ($175 mil millones), la de Industria y Comercio ($164 mil millones), la de Sociedades ($118 mil millones) y la de Servicios Públicos ($100 mil millones).

Al sumar los presupuestos de todas estas agencias de control y supervisión existentes en el país, el monto ascendió a $5,6 billones en 2018. Esta suma equivale al 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.

Este monto no se puede mirar aisladamente, sino que debe verse con los resultados que alcanzan. Tal vez ahí surgen reparos cuando se observa que algunos de estos organismos realizan acusaciones que luego terminan sin asignar responsables, en muchos casos por vencimiento de términos. También se ha dado el caso que alguna superintendencia acusa a ciertas empresas de manipulación de precios, pero no se ven cambios de los mismos en el mercado, a pesar de las altas multas asignadas.

Valdría la pena una mejora en la calidad del gasto nacional en los organismos de control. Sería fundamental para avanzar en una sociedad más equitativa con mayor respecto de los derechos ciudadanos, lo que sería clave en control de la corrupción.

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