Apenas ayer, en el 2015, producíamos un millón de barriles diarios de petróleo. Este año, 156 mil menos. Los campos declinan su producción rápidamente. En cinco años, Colombia tendrá que importar petróleo.
En el 2013, llegamos a exportar USD $32.483 millones en crudo. El año pasado, apenas USD $10.100 millones. Es resultado de la caída en el precio internacional, es verdad, pero también de la producción.
Para el Gobierno, esa caída amplió el déficit del 2,4% del PIB en 2013 al 3,9% en el 2015. Más del 60%. Los ingresos disminuyen 73 mil millones por cada dólar de menor precio del barril WTI y 13 mil millones por cada 10.000 barriles que no se produzcan. Los tres puntos de IVA adicionales, que creció de 16 a 19%, estaban destinados a compensar la caída de los ingresos por renta petrolera y minera. La pérdida de autosuficiencia obligará a nuevas cargas impositivas en un país que no aguanta un tributo más.
Lo más grave es que será muy difícil revertir la tendencia. Y es culpa del Gobierno. Primero, porque no se está haciendo sísmica. Es literal: a 01 de mayo de este año no se había hecho ni un solo kilómetro de sísmica en el país. Y si bien el año pasado se hicieron 39,8 mil kilómetros, solo 2,1 fueron en territorio continental. ¡Todos los demás fueron en el mar! Este año ni siquiera eso. Tampoco son mejores los datos de pozos exploratorios. En los dos años pasados se hicieron apenas 25 pozos anuales.
Sin sísmica y sin pozos exploratorios es imposible encontrar nuevos yacimientos.
Los motivos del desastre son varios. Uno, menor, la caída de los precios. En otras épocas menos precios no generaron el frenón violento de la exploración. La causa es otra: el país dejó de ser competitivo y las empresas prefieren otros destinos. Y dejó de serlo porque la prospectiva ya no es buena (desde hace años no se han encontrado nuevos yacimientos interesantes), porque los trámites de licencias ambientales y consultas previas son casi imposibles y hay una insoportable inseguridad jurídica, y, en especial, porque hay una enorme carga tributaria donde el Estado toma el 70% o más de las utilidades.
El Gobierno es responsable de los dos últimos puntos, los más sustantivos. Sabiendo la importancia del petróleo en la economía nacional, en tiempos de vacas gordas apretó fiscalmente a la industria. Y por cuenta del proceso con la guerrilla, no solo no se atrevió a defender pública y abiertamente la importancia del sector extractivo en la economía nacional sino que fue incapaz de plantear con claridad que, si bien hay que oír a las comunidades y atender sus reclamos, no es menos cierto que los intereses particulares deben ceder frente a los generales.
Y que el bien común debe primar por encima de cualquier otra consideración. Como resultado, nos clavaron una reforma tributaria espantosa, la economía tiene un crecimiento raquítico, y la pobreza aumentó.
(...) porque los trámites de licencias ambientales y consultas previas son casi imposibles y hay una insoportable inseguridad jurídica, y, en especial, porque hay una enorme carga tributaria (...)
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