Hace poco, el alcalde de Yuma, Arizona, declaró que se opone a la cuarentena y al uso mandatorio de tapabocas para prevenir el COVID-19 porque eso atenta contra las libertades. No acepto, dijo, que el gobierno nos ordene cómo debemos comportarnos.
Este tipo de ideas ha tenido un costo incalculable en la actual emergencia. No es accidental que varios de los países donde está desbocado el contagio – Estados Unidos, Brasil, México – están gobernados por populistas que menosprecian la acción estatal. En 1981, al posesionarse de la Presidencia de Estados Unidos, Ronald Reagan proclamó que “el gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema”. Desde entonces, allá y en muchas partes, se puso de moda desacreditar lo público. Los mercados se encargarían de todo. Prosperó así un credo libertario que llevó al cuestionado paradigma neoliberal de fines del siglo XX.
Dos desastrosas experiencias demuestran el dislate que es debilitar al gobierno como proveedor de bienes públicos. La crisis financiera de 2008 se originó en el alegre desmantelamiento de efectivas regulaciones vigentes hacía décadas. Y la pandemia tomó al mundo por sorpresa, a pesar de que, por años, los expertos venían advirtiendo que era un evento probable.
En Colombia, el Estado tiene la obligación legal de intervenir en estas emergencias. Reza así el Artículo 2 de la Constitución: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas. . . en su vida, honra, bienes...”. Los colombianos no somos ideólogos libertarios pero sí habituales transgresores de normas. A pesar de los intentos de las autoridades de disciplinarnos, los contagios crecen: desde fines de mayo los casos nuevos (media móvil de cinco días) se han disparado de 1.250 a 3.600 por día. No creo razonable protestar porque el presidente Duque nos ordenó encerrarnos, aunque, precisamente por eso, el gobierno debe ser más agresivo en su gasto para preservar empleos.
En contra de la opinión de los expertos, se oyen voces pidiendo que se abra la economía. Pero la disyuntiva entre cuarentena y reactivación económica es real. El caso de Estados Unidos, donde en muchas partes se está echando reversa, demuestra que es un error reabrir los negocios sin antes aplastar la curva de contagios. Las autoridades de salud, no las presiones, deben tener la palabra.
El mundo tiene grandes tareas de acción colectiva ante problemas como el calentamiento global, los costos de la globalización y el acceso universal a una vacuna contra el coronavirus, cuando aparezca. Un legado de la tragedia económica y social de nuestro tiempo será, por fortuna, el regreso a aceptar y promover una intervención estatal responsable.
Las opiniones aquí expuestas no comprometen a la UTB o sus directivos.
*Profesor Asociado, UTB
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