El capítulo 4 del acuerdo para la paz firmado con las Farc, está dedicado a las drogas ilícitas. Se acordó allí, dar un trato diferencial a cada uno de los eslabones de la cadena de valor del negocio, con trato especial al pequeño cultivador, el primer eslabón, y al consumidor, el último. Al tiempo que se combate con firmeza la parte criminal de la cadena: producción y comercialización.
Llaman “cultivos de uso ilícito” a lo que antes eran “cultivos ilícitos”. Esa sutil diferenciación, explicaría, así nadie lo reconozca públicamente, el aumento de los cultivos y la cesación de los enfrentamientos armados. Se espera en el acuerdo, que la RRI (capítulo 3), proporcione los estímulos suficientes para que los cultivadores de coca abandonen poco a poco esa actividad.
Utópico, porque la dinámica del mercado (aumento de precios con la escasez que provocaría la reducción de esos cultivos) genera automáticamente los estímulos para incrementarlos; pero así está escrito. Y porque a los gringos, quienes ponen la plata, es difícil engañarlos con ese tipo de sutilezas. Sin embargo, es una atrevida e inequívoca muestra de autonomía. Parece estar diciéndole al mundo: “Nosotros, sin interferencias foráneas, decidiremos cómo enfrentar el asunto de las drogas”, y podría ser el primer paso hacia la legalización.
Por otro lado, el enfoque de “salud pública” que se acordó dar al consumo de drogas, tiene sus complejidades y sus costos, pero es el apropiado, siempre y cuando se lo complemente con políticas de prevención y campañas públicas de disuasión. Lo que se ha visto con el tabaco (dinosaurios los llamó en su época el presidente César Gaviria) es una buena muestra de que la estrategia funciona, y de que cuando se quiere se puede. He propuesto en escritos anteriores, que en contraprestación, los canales (y programadoras) de capital privado deberían producir y divulgar (bajo la supervisión del Mincultura) videos cortos, para disuadir el consumo.
El asunto de las drogas es crucial en la paz, porque la “guerra contra las drogas”, y contra la guerrilla, promovida por los gringos y patrocinada por el Plan Colombia, no obstante haber tenido su componente bueno en el rediseño casi en su totalidad del Estado, y en los programas de asistencia social que aún se mantienen, ha sido la culpable en gran medida de la violencia que hemos vivido en el país. La legalización, acompañada de prevención y cura a los enfermos, es el camino real hacia la ausencia de violencia, y la reducción del consumo, el tráfico y la siembra.
Lo acordado, exceptuando la JEP y las prebendas políticas, son los principios y fines supremos que dan sentido a la organización estatal: justicia, equidad, inclusión, solidaridad, vivienda, salud, educación, empleo, oportunidades, servicios públicos, vías, regadíos; en fin, erradicación de la pobreza absoluta con énfasis rural (donde esperan obtener sus votos). Utopías que han estado en la mente de todo buen gobierno, y que cada ideología tiene su forma de enfocar.
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