Columna


El que calla otorga

RAFAEL VERGARA NAVARRO

14 de mayo de 2015 12:00 AM

 

Por haber un perjuicio irremediable, con Juan Cárcamo solicitamos en Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de Bolívar suspender el “puente” de Marbella, ante el evidente daño e impacto paisajístico causado por la intersección entre la Avenida Santander y el túnel de Crespo. Solo un ciego o un insensible puede negar que el paisaje, el territorio y los cartageneros fuimos irrespetados.
Desde el inicio de la intervención en la zona de uso público, la crisis y protesta se generó por la falta de un Estudio de Impacto Ambiental serio y la no valoración de los daños que la construcción impuesta por el consorcio infringió a 450 mts. de las playas de Marbella, eliminándola en gran medida.
Es comprobable que en los conceptos técnicos y la Licencia de Minambiente se describen componentes estructurales detallados y objetivos del túnel de Crespo, pero no existió el rigor legal para construir un puente en una ciudad cuyo paisaje marino es un activo estructural protegido. Sin duda ameritaba un puente transparente.
Como si la afrenta fuera poca el terraplén o puente nunca lo consultaron ni mostraron a la comunidad, violando la ley ambiental que lo exige en tales obras.
Existe en la licencia un vacío o vía de hecho, un cheque en blanco que otorgó el Estado a unos constructores a quienes les validaron los diseños en el 2014, como consta en los planos entregados a la ANLA y en su respuesta a la Defensoría del Pueblo, donde reconocen que siendo la citada licencia de 2009 los estudios paisajísticos y morfológicos no podían entregarlos por estar en trámite.
Por eso existe la obligación -y eso pretendemos con la acción popular- de suspender la ilegal construcción y proceder como es de ley a que presenten alternativas que, en una nueva licencia ambiental, remedie los daños ambientales, el destrozo del paisaje y los pisoteados derechos colectivos y al debido proceso.
Todas las autoridades saben que planos y diseños de la intersección fueron un dibujito hasta que la ANLA los recibió en 2014, imposible es tapar el sol con un dedo.
Ilegal y mal ejemplo fue la aceptación y defensa de los ministerios, ANLA y del Distrito, en el conciliábulo donde concertaron la ley “a cambio de” y así “legalizaron” continuar el desregularizado “adefesio”, imponiendo los terraplenes como adición de un bien licenciado túnel. ¿Y por qué no es así en Playetas?
La autoridad no puede violar su objetivo misional y abusar desconociendo de la mano del “regulado” los procedimientos en contravía de la filosofía de la obra inicial, cual era la de generar el menor impacto sobre el ambiente marino y el paisajístico.
¿Y la ías? Shakiriando.
*Abogado ambientalista y comunicador.
*Rotaremos este espacio para mayor variedad de opiniones.
*
rvergaran@yahoo.com

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