En lugar de los casi 49,8 millones de habitantes que se proyectaban para este año con base en el censo del 2005, los colombianos seríamos solo 45,5 millones, según el censo de Santos. Una diferencia de 4,5 millones de habitantes, un 9% menos de lo previsto. Eso significaría que somos un país mucho más rico de lo que suponíamos y que el PIB per cápita sería de 15.692 dólares, muy cerca de los países de ingresos medio alto.
Tendríamos muchos menos pobres. Hoy se calcula que, de acuerdo con sus ingresos, el 26,9% de los colombianos son pobres. Si el nuevo censo tiene razón, ya no serían 13,2 millones sino un millón menos. Un millón menos de necesidades y de subsidios. Y menor presión demográfica, de manera que el déficit de vivienda sería también más bajo.
Y si son menos las familias, debe haber menos niños y adolescentes y se necesitarían menos maestros, escuelas, personal administrativo. Y no serían ciertas las cifras de 300.000 niños por fuera del sistema.
También habría consecuencias negativas. La primera, que las estadísticas de violencia son peores de lo que suponíamos, puesto que se miden por cada cien mil habitantes. Si somos menos, las tasas de criminalidad son mayores, a pesar de que tendríamos porcentualmente muchos más jueces, fiscales y policías.
La segunda abre distintos interrogantes. En septiembre de este año las estadísticas del Ministerio de Salud muestran 47.008.750 personas afiliadas. Es decir, 1,5 millones más afiliados que habitantes colombianos hay según el censo. ¿El sistema no está depurado y tiene muchos muertos? ¿Doble afiliación? ¿Hay un fraude sistemático y masivo por parte de las EPS y de los entes territoriales? Sabemos que Saludcoop lo hacía.
No menos graves son sus consecuencias electorales. Sería indispensable y urgente una depuración del censo electoral porque sus datos no serían coherentes con las del censo poblacional: la participación ciudadana sería mucho mayor, la abstención mucho menor y habría doce representantes a la Cámara menos.
En fin, las nuevas estadísticas del Censo afectarían también las transferencias que debe hacer la Nación a las entidades territoriales. Y debería obligar a estudiar mejor el presupuesto porque no seríamos sino 11,4 millones de familias y no 12,5 y de ninguna manera tendríamos el déficit de 14 billones sino uno mucho menor que, en consecuencia, evitaría en parte el establecimiento de nuevos impuestos.
Sin embargo, distintos expertos resaltan que los resultados del Censo obligan a una auditoría para establecer si hubo falencias graves en su construcción y aplicación técnica o si los problemas son de los censos anteriores. Como sea, lo que está claro es que el asunto es vital. Del Censo dependen la pertinencia, eficiencia y eficacia de las políticas públicas para responder a las necesidades ciudadanas.
*Abogado y analista político
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