Columna


El valor de las reglas sociales

YEZID CARRILLO DE LA ROSA

14 de mayo de 2022 12:00 AM

Hace 70.000 años algo pasó en nuestro cerebro (revolución cognitiva y lingüística) que permitió la aparición de mitos compartidos (religiones, doctrinas, filosofías) y la creación de reglas sociales (morales, costumbres, legales), que estimularon la cooperación humana y la consolidación de valores orientados a preservar y prolongar la vida.

Hace poco más de dos siglos, la filosofía liberal concibió la existencia de un ente (Estado de Derecho) que centralizó y monopolizó la producción de normas coercitivas y coactivas (jurídicas) de carácter general, abstractas e impersonales que garantizaban la libertad y la igualdad ante el derecho (igualdad formal), que proveían al ciudadano de razones excluyentes (legítimas) para ignorar otras pautas (morales, etiquetas, costumbre) y de certeza en sus relaciones (nadie hace justicia privada), y que permitían anticipar el comportamiento de las autoridades (principio de legalidad).

Mucho después, los socialdemócratas demandaron la creación de reglas estatales que garantizaran la igualdad material (derechos económicos, sociales y culturales) y, posterior al holocausto Nazi, la comunidad global coincidió en que la dignidad humana y ciertos principios de justicia (derechos humanos, derechos fundamentales y derechos democráticos) eran la base de todo el derecho estatal y la garantía de una sociedad pluralista y bien ordenada.

El problema en Colombia ha sido que el derecho legislado en su mayoría no es general e impersonal, porque responden a intereses particulares de oligopolios o clanes familiares, o del partido de gobierno (caso “Ley de garantía”), y tampoco se respeta la igualdad formal (la Procuraduría o la Fiscalía son selectivas) ni la igualdad material (recuérdese la fallida reforma tributaria).

Y los más grave, es que las pocas normas (jurídicas, morales o sociales) legitimas y razonables que tenemos son ineficaces, porque no son obedecidas en su mayoría por los ciudadanos (normas de tránsito, policivas, comunitarias) ni por las autoridades (Ej. tanto el presidente Duque-uribista, como el alcalde Quintero-petrista participan en política), ni son obligadas a cumplirlas por los órganos de control o de justicia cuando se incumplen (nadie responde por los 70.000 millones de Mintic).

Este problema, sin embargo, no es político ni económico, es cultural y, por eso, la solución es “educación”, entendida no solo como una actividad institucionalizada y escolarizada de transmisión de conocimiento, sino, fundamentalmente, como un proyecto de formación humana (paideia) que inicia con la familia y se proyecta en la sociedad; un proceso que -para el caso colombiano- implica “aprender a desaprender” para “reaprender” nuevos valores y rediseñar una cultura en favor de la vida, la construcción de ciudadanía y el respeto a la libertad, la igualdad y la dignidad humana.

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