El debate sobre el futuro de Electricaribe y la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región es inaplazable y debe hacerse con sinceridad, transparencia y participación efectiva.
A inicios de los 90 en Colombia se abrió al libre mercado la prestación de los servicios públicos domiciliarios. A diferencia de lo plasmado en el formato chileno, nuestra apertura se sustentó en el modelo de la tercera vía: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como se necesite. Una fórmula “virtuosa” que buscaba evitar los excesos del modelo chileno neoliberal y del estatismo soviético.
La privatización de empresas públicas estaba bajo estricta regulación del Estado. Sin embargo, el ejemplo de Electricaribe demuestra el fracaso de 20 años de libre mercado en servicios públicos. El modelo de Estado Social de Derecho y mercado regulado muestra que, lejos de lograr un esquema equilibrado, la reestructuración se centró en mecanismos jurídicos que se ordenan en función de la utilidad del capital transnacional.
En un encuentro académico realizado recientemente en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en donde participé junto al investigador social Wilson Arias, quien además denunció aspectos de la intervención de la empresa, coincidíamos en que la situación de Electricaribe demanda con urgencia espacios de discusión y acción colectiva para evitar otro desastre mayor en la prestación del servicio.
Sin ningún mecanismo de control ciudadano, un ente gubernamental, la Financiera de Desarrollo Nacional, anunció que luego de un proceso de invitación privada, escogió a la banca de inversión internacional MBA Lazard para definir el futuro de Electricaribe.
Mala cosa, pues como lo explicó Blanco, esta banca viene siendo denunciada por organizaciones como el Transnational Institute (TI). En su reciente informe “El negocio del rescate”, TI expone en detalle cómo esta firma asesora por igual a vendedores y compradores para favorecer sus propios negocios. Para nuestro caso podría ser la misma Gas Natural Fenosa, ya que Lazard asesoró su fusión en 2009.
Como todo puede empeorar, los abogados del bufete Brigard & Urrutia (BU) ofrecerán asesoría jurídica a la transacción que defina MBA Lazard.
No se debe olvidar que BU fue cuestionada por su asesoría en el acaparamiento de baldíos en la altillanura colombiana.
De la dupla MBA Lazard y Brigard&Urrutia poco se puede esperar para que la prestación del servicio público de energía eléctrica responda a los principios constitucionales y legales que demanda. Más bien se profundizará “nuestro” negocio de energía. Urge el debate.
*Profesor UTB
COLUMNA EMPRESARIAL
dalzate@utb.edu.co
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