Cartagena de Indias atraviesa uno de los momentos más determinantes en su historia reciente. Muy notorio es tener el mejor puerto de la región. De aplaudir que el sector petroquímico, plástico e industrial nos convierta en una de las principales ciudades colombianas con el mejor crecimiento anual en el PIB.
Fantástico ver que Cartagena, en movilidad, tiene a Transcaribe, un Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), que además de dar un buen servicio, es económicamente sostenible. Es importante, también, resaltar las obras viales como el túnel de Crespo y el viaducto de la ciénaga de La Virgen; y las de infraestructura aérea, con la expansión de la terminal y a partir del 2025, el nuevo aeropuerto en Bayunca.
Asombroso el crecimiento turístico y el desarrollo de proyectos inmobiliarios hotelero, industrial, residencial y comercial, como lo muestra el trabajo publicado en www.proyectoscartagena.com, donde la suma de la inversión privada georreferenciada a 2025 es cercana a USD$3,8 billones.
Pero pese al gran auge en sus diferentes sectores económicos, y a ser protagonista de importantes inversiones, la ciudad tiene indicadores de pobreza y desigualdad que siguen siendo motivo principal de preocupación. Ello, aunado a la destrucción de nuestros recursos naturales, como: 1. cerro de la Popa, con gran vulnerabilidad por las quemas permanentes, los asentamientos ilegales y su casi nula protección; 2. ciénaga de la Virgen, 14.000 hectáreas de cuerpo de agua que es motivo de vergüenza por el relleno indiscriminado de su perímetro costero y nuestra desidia para mantener La Bocana; y 3. la Bahía de Barbacoas, que en la época de la Colonia era tan viable como la de Cartagena, pero que hoy, por la sedimentación del Canal del Dique, cada vez se nos acaba más. Seguimos en deuda con la ciudadanía y con nuestros recursos ambientales.
Aprovechemos las siguientes elecciones para dialogar entre la comunidad, empresarios y políticos. Los primeros dan vida a la ciudad, los segundos, crean empleo y pagan los impuestos con los que las instituciones del Estado y políticos líderes pueden ejercer su función, entre las que destaco: invertir en infraestructura pública para la convivencia y progreso, control del ordenamiento territorial y ambiental, y redistribución de la riqueza (inversión social). Cumplir bien con estas obligaciones genera equidad y garantiza una mejor calidad de vida para todos. Somos actores, protagonistas en el territorio, somos importantes, y si abrimos un diálogo de respeto y compromiso para solucionar nuestras problemáticas, podremos avanzar.
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