La semana pasada fue muy complicada en Colombia. A todos los líos del fiscal, la JEP, Santrich, los políticos, los jueces y las altas cortes, se sumó un hecho que quizás no tuvo el reconocimiento que debió tener y que no magnificamos ni le dimos la importancia que merecía: el asesinato del médico rural Cristian Camilo Julio Arteaga, en el Bagre (Antioquia).
El trágico hecho produjo algunas noticias y el rechazo de las asociaciones médicas y de la ciudadanía en general, pero muy seguramente, como muchos otros asesinatos, va a quedar en el olvido, en una noticia desafortunada y en una serie de pronunciamientos y denuncias que quedarán en el aire.
Este evento desafortunado, y repudiable desde todo punto de vista, es solo el pequeño reflejo de uno de los múltiples problemas a los que se enfrentan día a día las personas que trabajan en el sector salud. Y es que hoy en día trabajar en el área de salud es muy complicado, ya que muchos sitios no cuentan con las garantías mínimas de seguridad para la misión médica.
Es claro para los que conocemos el sector y hemos estado familiarizados con la dinámica de la atención en salud, que los médicos de servicios hospitalarios y en especial los de urgencias, frecuentemente padecen las consecuencias de los problemas de violencia social que se viven en Colombia. Las urgencias de los hospitales se convierten en campos de batalla en donde desadaptados se agreden entre ellos y adicionalmente agreden al personal de salud.
Por solo poner un ejemplo, en el área insular de Cartagena (Santa Ana, Barú y Ararca) están documentados durante los años 2017 y 2018 un sinnúmero de agresiones a la misión médica. La realidad en nuestra ciudad es que en múltiples barrios marginales los médicos viven amenazados por las pandillas y los delincuentes, quienes en medio de las peleas arrasan con todo lo que se les atraviese, inclusive con quienes tienen la misión de velar por el cuidado de su salud.
Valdría la pena preguntarse: ¿Cuántos médicos, enfermeras, odontólogos y personal de la salud están expuestos todos los días en el territorio nacional a perder la vida a causa de la violencia?, ¿existe un estudio en donde se evalúe el riesgo laboral por violencia asociado al ejercicio de las profesiones de la salud?, y, si existe, ¿qué están haciendo las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y los organismos de control laboral para proteger a este numeroso grupo de trabajadores colombianos? Asimismo, ¿son las agresiones al personal de salud consideradas como accidentes laborales y qué se hace para evitarlas? Un sinnúmero de preguntas para una realidad muy dura: Los profesionales de salud se han convertido en víctimas del sistema y están desprotegidos, enfrentándose no solamente a la enfermedad sino a los bandidos.
Es muy duro para los equipos sanitarios trabajar bajo potenciales amenazas y sin los recursos necesarios para poder hacerle frente no solo a la enfermedad sino a la violencia. Muchos puestos de salud en el país no cuentan con las condiciones mínimas para funcionar, la falta de recursos ha hecho que la red de servicios se deteriore y los escenarios para ofrecer un servicio adecuado cada vez son más escasos.
Además, la congestión en las urgencias, la falta de personal y de una red articulada de atención que permita solucionar de manera oportuna las dolencias de los enfermos, hacen que la misión médica sea el pararrayos de tres de los problemas sociales que aquejan a Colombia: violencia, falta de educación e inequidad en el acceso a los servicios médicos.
Bajo esta óptica y teniendo en cuenta que el problema está latente, vale la pena reflexionar sobre las garantías que hoy tienen quienes trabajan en el sector salud. No podemos seguir enviando a jóvenes rurales a que sean asesinados, la función del profesional de salud es atender a los enfermos, no hacerle frente a los múltiples problemas sociales que se entremezclan en las salas de urgencias con los diagnósticos de la enfermedad.
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