Estado y desarrollo rural

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Según el Censo Nacional Agropecuario del DANE, el 40% de la tierra se encuentra en manos del 0,4% de los dueños de fincas mayores de 500 hectáreas.

Vivir y trabajar en las zonas rurales del país significa tener menos acceso a los bienes públicos y recibir menos protección por parte del Estado y sus instituciones.

Por ejemplo, un campesino dedicado a actividades agrícolas, ganadería y pesca, devenga en promedio el 76,16% de un salario mínimo; y sólo el 16,3% de la población ocupada en las zonas rurales cotiza a una pensión.

Casi el 81% de los ocupados en las áreas rurales está en la informalidad, siendo los “cuenta propia” los de mayor peso, con el 52,4%, seguido por los jornaleros (12,8%), y los trabajadores sin remuneración (9,7%).

En la actividad agropecuaria la informalidad es de casi el 90%, los trabajadores asalariados son por tanto el 19% de los ocupados rurales, y el 10% de los ocupados en las actividades agropecuarias.

El desarrollo rural se logrará con infraestructura, electrificación, crédito de fomento, asistencia técnica, comercialización, precios de garantía, procesos asociativos, desarrollo empresarial y economía campesina.

Y con créditos a bajo costo, establecimiento de precios de garantía y protección arancelaria, especialmente contra las importaciones subsidiadas que vienen de los países industrializados.

El fin del conflicto armado es una oportunidad en el marco de la lucha democrática, razón y fundamento de peso para apoyar todas las fuerzas vivas rurales el cumplimiento acuerdo entre el Estado y las Farc–Ep.

Hacer los cambios que requiere el país, votando y derrotando en las próximas elecciones de 2018 para Congreso y Presidencia de la República, a los candidatos de la ultraderecha representada en el Centro Democrático y Cambio Radical.

En el 2019, se deben castigar a todos los partidos tradicionales convertidos en mafias, carteles, empresas criminales, para adueñarse vulgarmente del erario, cooptando todas las esferas del Estado, incluyendo al cartel de la toga y todas las ‘ías’.

No más alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, financiados por dineros públicos destinados a la inversión social, y por la plata del narcotráfico y del paramilitarismo.

Esa solución es ahora o nunca, con el voto consciente; si no es ahora con tanta corrupción y escándalos, estaríamos desaprovechando la oportunidad histórica de moralizar y dignificar nuestras instituciones y la democracia.

Debemos resolver los conflictos de la concentración, usos y precariedad de los derechos a la propiedad de la tierra, para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y acabar la precarización en las relaciones laborales del área rural.

*CUT BOLÍVAR

COLUMNA SINDICAL
cutbolivar@gmail.com

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