La extradición fue en una época la principal amenaza contra los narcotraficantes, pero ahora deja de ser un arma en la “guerra contra las drogas” para ser un instrumento para premiar o castigar presuntos delincuentes, no por sus delitos, sino según los intereses políticos de gobiernos o jueces.
Para unos, la extradición es casi un premio, para no responder por sus crímenes en Colombia, o un camino para lograr condenas irrisorias y después de pocos años en la cárcel, disfrutar sus fortunas malhabidas. Para otros es el castigo por saber demasiado o por no aceptar los tratos ofrecidos por los fiscales.
Lejos están los tiempos en que Pablo Escobar decía preferir una tumba en Colombia a una cárcel en los EUA, y con bombas y ataques terroristas presionaba al Estado para que prohibiera la extradición, como lo logró en 1991. Más lejos aún está la época en que la delación de los cómplices no condonaba el crimen, por creer el aforismo aquel de que “Roma no paga a traidores”.
Ahora hay expresión de júbilo y el signo de victoria del narcotraficante alias “fritanga” al embarcarse para Estados Unidos; o las huelgas de hambre de extraditables en Colombia para acelerar su envío a los EUA. O los que antes de ser capturados acá, o asesinados por sus socios, negocian entregarse con la DEA. Prefieren una cárcel en Estados Unidos a una tumba en Colombia.
Otros usan las negociaciones con la justicia norteamericana para lograr la impunidad por los delitos en Colombia. Son aberrantes los casos del exgobernador Lyons, que robó miles de millones del erario y está tranquilo en Miami negociando con cuánta plata se queda. O el de Moreno, el infame fiscal anticorrupción que presiona para que lo extraditen y ser juzgado allá por recibir un soborno de 10.000 dólares, y no responder acá por el cartel de la toga.
El caso más reciente y escandaloso es el del señor Marín, acusado acá de robarse la plata de los contratos del Fondo para la Paz y pedido en extradición por conspirar para exportar cocaína. Por sorpresa le levantan la orden de extradición y va a Estados Unidos como su invitado para ser supuesto testigo protegido. Allá se quedará con casa, carro y beca, con su familia, y nunca será juzgado por sus delitos en Colombia. Quizá es el premio por involucrar a Santrich en el plan.
La extradición si fue un castigo para Mancuso y los demás jefes paramilitares, pero no por narcotraficantes, porque eso se perdona, sino por saber demasiado de las conexiones de políticos con paramilitares y querer contarlo. Lo similar con los casos anteriores es que nunca se sabrá la verdad de sus atroces crímenes en Colombia ni serán reparadas sus víctimas.
Es tonto oponerse a la extradición por un trasnochado nacionalismo, pero sí se debe exigir respetar la Justicia colombiana y que los crímenes cometidos en el país no queden impunes por las decisiones de los jueces norteamericanos.
*Economista
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