Existe una crisis humanitaria marcada por las violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de los y las sindicalistas colombianos.
Aún persiste, es una de las formas más graves de violación a los derechos humanos y a la libertad sindical que ha profundizado la exclusión política y la estigmatización padecida por el movimiento sindical como sujeto de la democracia.
Las Centrales obreras CUT, CTC, CGT, en su condición de víctima del conflicto armado, tienen derecho a que se materialicen sus derechos colectivos, para lo cual, ha construido una propuesta de reparación colectiva.
Los derechos a la verdad, con su dimensión de memoria histórica y de memoria viva y transformadora, la justicia con la identificación y sanción de los determinadores de los crímenes.
Las garantías de no repetición, compromisos del Estado para que cesen los asesinatos, atentados, amenazas, criminalización y demás formas de persecución al movimiento sindical.
Realizar compromisos del Estado y del empresariado por la no repetición de los hechos de violencia y estigmatización contra el sindicalismo y el ejercicio de los derechos a la libertad sindical (asociación, negociación colectiva y huelga).
Dar pleno cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales conducente a detener la violencia contra el sindicalismo, adoptar medidas eficaces con la impunidad.
Promover programas de protección efectiva a los líderes sindicales y defensores de derechos humanos, y adoptar políticas de promoción y garantías al ejercicio de la libertad sindical y de control de la tercerización e intermediación laboral.
Reducir las extenuantes jornadas laborales, mejorar el smlv, frenar los despidos sin justa causa, la contratación informal, la intermediación y tercerización laboral, el no pago de seguridad social y la no legislación en contra de sus derechos adquiridos.
La promoción del diálogo social con efectivo cumplimiento de los acuerdos que se han suscrito con las organizaciones sindicales, a nivel nacional, regional, local, fundamental para la reactivación económica del país.
La reparación integral con la identificación plena del daño individual, familiar y colectiva, restitución de derechos individuales, colectivos, reconstrucción de tejidos sociales y sindicales a nivel territorial, nacional y sectorial.
A través de la JEP y la Comisión de la Verdad, las centrales obreras desde 1986 hasta 2016, debemos y tenemos que presentar hasta el 10 de diciembre del 2021, todos los casos de todos los asesinatos del genocidio del movimiento sindical.
*CUT BOLÍVAR.
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