En mi columna de El Tiempo de este domingo destaco cómo el ejercicio responsable del poder blando, como parte de la política exterior de Estados Unidos, contribuyó a la estabilidad de la economía mundial y cómo puede afectarla muy negativamente si el gobierno de ese país opta solo por demostrar fuerza.
En forma similar, puede ser más efectivo y potencialmente menos dañino en un esquema doméstico de gobierno y oposición, que los poderosos, tanto en el Gobierno como en la oposición, consideren la posibilidad de ejercer su poder con algún grado de moderación y un componente altruista que permita renunciar a posiciones intransigentes en asuntos que no se prestan al consenso, y hacer acuerdos en los que se puedan hacer compromisos.
Esta preocupación la comparten varios otros columnistas, Eduardo Posada y Ricardo Silva entre ellos. (El Tiempo, Julio 13 de 2018).
Ya se vislumbra cómo serán las relaciones entre el Gobierno y la oposición. Por ejemplo, con la posibilidad de que Jesús Santrich se posesione la semana entrante como representante a la Cámara, o con la iniciativa de prestantes elementos del Centro Democrático que preparan obstinadamente un referendo para modificar el Acuerdo de paz. El agarrón entre María Fernanda Cabal y Francisco Tolosa en la W el jueves pasado no permitiría abrigar ninguna esperanza. Pero como Iván Duque firmó con los presidentes del Polo y de la FARC el “Pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales”, se puede especular sobre un panorama menos pugnaz.
Este panorama lo puede inducir el nuevo presidente y sería radicalmente diferente del que se ha agitado durante el debate electoral, que pondría a la oposición a vociferar siempre en el Congreso, a hacer política en los juzgados penales y a organizar manifestaciones en las calles y las plazas públicas mientras la administración se ocupa de destruir los avances del proceso de paz y descuida la economía, el progreso social y el buen gobierno.
En el otro extremo se podría pensar en no cambiar los Acuerdos de paz, y permitir que la JEP y la comisión de la verdad desarrollen sus funciones sin los excesos de prevención y desconfianza que ahora lo impiden. La Corte Constitucional despejó el camino para la reforma rural y la restitución de tierras y quizá eso permita también generar soluciones alternativas efectivas para sustituir el cultivo de coca y para el posconflicto.
La oposición renunciaría a su deseo de meter a alguno de los expresidentes vivos a la cárcel y podría conseguir que Santrich no se posesione hasta que la JEP aclare su situación. Limitaría sus protestas públicas y buscaría acuerdos sobre asuntos de interés compartido. El beneficio de generar soluciones como estas es evidente. Los ministros recién anunciados seguramente las acojan porque la administración podría dedicarse a generar empleo, crecimiento y bienestar y a corregir fallas estructurales que inciden sobre la equidad y el progreso social.
*Economista
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