Columna


Golpe letal al Concejo

TATIANA VELASQUEZ

17 de enero de 2022 12:00 AM

Con la captura de la presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada, por llevar 1 kilo de clorhidrato de cocaína, la ya debilitada credibilidad de esa corporación recibió otro golpe letal. La crisis de legitimidad va en aumento con cada dato que sale a flote sobre los orígenes políticos de la concejal. Por eso, voces como Funcicar, la Cámara de Comercio y el Consejo Gremial piden trabajar por la institucionalidad local.

Para entender las razones de la creciente indignación hay que mirar más allá de la captura. La concejal comenzó su carrera política con el apoyo del grupo de Enilce López, alias ‘La Gata’, condenada por aliarse con paramilitares y reconocida por haber financiado varias campañas, incluidas las de sus hijos Jorge Luis, a la Alcaldía de Magangué, y Héctor Julio, a la Cámara de Representantes.

Avalada por el Partido de Integración Nacional, que fundó el exsenador condenado por parapolítica Luis el ‘Tuerto’ Gil, Estrada llegó a la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía en 2012 y repitió para el periodo 2016-2019.

En esas contiendas mostró un fornido músculo económico que llamó la atención en los círculos políticos cartageneros, porque parecían más candidaturas al Concejo.

Sobre la campaña de Estrada en 2011, La Silla Vacía publicó fotografías en las que sale junto a Emilia López, entonces candidata a la Asamblea de Bolívar y hermana de alias ‘La Gata’, en un evento proselitista a favor de Juan Carlos Gossaín, quien luego resultaría elegido gobernador.

En 2019, Estrada recibió aval del Partido Liberal para llegar al Concejo gracias a Lidio Gacía, quien tiene investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con paramilitares y es cabeza de lista de los rojos para las legislativas de marzo. De hecho, la camioneta en la que Estrada se movilizaba y la Policía encontró cocaína, tenía publicidad alusiva a Lidio García.

Como cabildante, Estrada se ha caracterizado por hacerle control político al Programa de Alimentación Escolar (PAE), contratado por el gobierno de William Dau. En un debate de 2020 tergiversó el costo de los huevos que la Alcaldía pagó: dijo que cada uno había costado $2.000 y no $370. “No le mienta a la ciudad”, le pidió la secretaria de Educación, Olga Acosta.

Sin duda alguna, con la captura de Estrada, la narrativa de Dau sobre el Concejo encuentra más combustible, pues el alcalde siempre ha dicho que allí hay “malandrines”.

Una verdadera desgracia para la democracia cartagenera y para una de sus principales corporaciones, sobre la que no debería haber ruido alguno por su vital función de control político.

*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.

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