Los intereses hacen que algunos se quejen o indignen porque entes o medios nacionales intervienen o critican lo que pasa en Cartagena.
Es sano ver a la ciudad como bosque completo con su diversidad arbórea y especies afectadas, evidenciar conductas activas u omisivas, y la histórica impunidad que acumula deuda social y ganancias para grupos de interés o individuales.
Valoro el informe de Mauricio Gómez en CM& y las acciones de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, que, al judicializar la ineficiencia y el clientelismo delictivo, condujeron a la renuncia del alcalde, activaron la represión a las construcciones ilegales y renovaron la esperanza.
El procurador Ambiental, Gilberto Blanco, a finales de octubre presentó Acción Popular pidiendo que las diferentes entidades cumplan con descontaminar la Bahía con eficacia y acción coordinada.
Siglos de abusos y desde los 70 la condena de recibir parte de las aguas residuales, las industriales acumuladas con los sedimentos del canal del Dique, y la incapacidad en el tiempo para mitigar los daños, condujo a que la Procuraduría solicitara respuestas al Minambiente, Cardique, EPA y las autoridades territoriales de Cartagena, sobre cuál será su proceder para proteger la bahía de manera inmediata.
Redcam, en la última medición, ratificó la alta afluencia contaminante en el canal, y además de mercurio y amonio, hay concentración de hidrocarburos, residuos y olores por el transporte marítimo y portuario, requiriendo un manejo ambiental especial, y mayor control y vigilancia. Estamos “a punto de poner este cuerpo de agua al final de su existencia y convertirlo en un cementerio acuático de contaminantes ambientales”, dijo el Procurador.
Es inaplazable que Minambiente estudie la capacidad de carga de la bahía, haga el plan de ordenamiento costero y proteja su riqueza natural: el arrecife coralino Varadero.
La desigualdad con que los ciudadanos enfrentábamos el (des) propósito de sectores del Estado y portuarios buscando dragar los corales heroicos quedó atrás. La Procuraduría asumió su defensa. Con comunicaciones a Parques Nacionales, ANLA, Cardique, DIMAR, la Financiera Nacional e Invemar, dinamizó y equilibró la reflexión y responsabilidad nacional.
Invemar reconoció lo requerido para cumplir la formalidad y que se incluya en la lista de áreas coralinas de Colombia. Dice: “el Instituto elaboró una propuesta de proyecto de investigación que pretende desarrollar una evaluación de la línea de base de biodiversidad del arrecife coralino de Varadero”. Se abrió la puerta para que los estudios oficiales comprueben lo que ya saben. Las imágenes con valoración científica lo confirman. Debe cesar ya la amenaza de asesinar corales y afectar la hidrodinámica de la bahía al romper 300 m del arrecife y dragar a 17 m de profundidad. Tiempo y racionalidad. Ante la evidencia ANLA debe derogar la resolución autorizando el estudio de impacto ambiental porque su objeto es inconstitucional e ilícito.
Rafael Vergara N.
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