La tecnología lo ha permitido, y el gobierno lo requiere, porque de administrar bienes materiales, la modernidad hace imperativo administrar también individuos, tarea mucho más compleja.
El Sisbén es el sistema de información nacional que permite clasificar a los ciudadanos según su condición socioeconómica, y su capacidad de generar ingresos, con el fin de focalizar los subsidios que se otorgan. Se han hecho, según informes oficiales, cinco campañas. La última, con teléfonos celulares y App’s, que facilitan la tarea y aseguran la información en la nube. Además, en la web se publica un formulario que permite solicitar por correo electrónico una encuesta presencial. El gobierno habla de 40,7 millones listados (85%), de 48 millones que somos en Colombia.
No obstante, a pesar de que hoy en día hay herramientas y algoritmos digitalizados (unos sencillos, otros más complejos) que permiten establecer el crecimiento de la población, y pronosticar el progreso económico de los individuos, una base de datos de estas características (tan dinámica) es muy complicado de administrar, comenzando por la propia recolección de datos.
Nadie puede asegurar el compromiso de los encuestadores, por muy bien pagos que estén (es una tarea monótona, engorrosa, sin estímulos intrínsecos, amenazada por la Ley de mínimo esfuerzo) y no es práctico hacer una revisión de estos, aún, cruzando información con otras bases de datos. Sin embargo, poco importa cómo lo hace, y pierde su tiempo el gobierno al enfatizarlo. El interés del ciudadano se centra en estar adecuadamente clasificado, porque esa es la información que se usa para generar automáticamente (o a solicitud) los subsidios, y ser objeto de otro tipo de programas sociales.
Con motivo de la pandemia y las restricciones que se han impuesto a la movilidad, que ha afectado fuertemente la economía, se han creado programas económicos de mitigación. El Sisbén ha servido, en parte, para entregar los subsidios; pero también ha dejado al descubierto la mala calidad de la información. La coyuntura, que ya no es tal porque no parece tener fin, ha obligado al gobierno a mantenerlos de manera permanente, y ha despertado el interés de la población por ser ‘sisbenizada’. Una atrevida y peligrosa decisión, con implicaciones políticas y sociales impredecibles.
Políticas, porque deja a la izquierda sin discurso y se podría ganar el voto de los que nunca votan (qué más prometer, salvo profundizar los programas y subsidios que existen), pero podría perder el de la clase media (la gran sacrificada), que siempre lo hace. Y económica, primero, porque lo otorgado no se puede quitar; segundo, porque los sujetos de auxilios crecen más que quienes los pagan; y tercero, porque la función del estado es crear las condiciones para la autogestión económica de sus ciudadanos.
*Ing. Electrónico, MBA.
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