Columna


¡Increíble!

RAFAEL VERGARA NAVARRO

21 de mayo de 2022 12:00 AM

Con las luces del alba y la fresca brisa salitrada del Caribe se concentraron en el muelle de la Armada un ciento de funcionarios y fuerza pública. La misión: ejecutar ese 16 de mayo la restitución de un baldío de la nación ocupado por un particular hace más de 27 años y superar dos intentos fallidos desde 2010. Orientadas las proas hacia las paradisíacas y sobreexplotadas islas del Rosario, el convoy de lanchas, el buque anfibio de la Armada y los servidores públicos con decisión navegan una hora para atracar en isla Grande. Según la resolución de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se trata de una ocupación indebida de 4 Ha que no aceptan contratar, porque la acreción la impuso Álvaro Navia Reyes desplazando a tres vecinos legalizados que denunciaron y lograron su condena en el Tribunal de Bolívar, sentencia que la Corte se negó a casar. Según el Tribunal, el origen de la tenencia del predio Gente del Mar es delictivo y para la ANT es ocupación de mala fe. No lo admite altiva la dueña del Eco Hotel, que junto con gentes de la comunidad de Orika, reciben con gritos y agresividad la delegación oficial integrada por la Alcaldía, la ANT, Armada, Policía, ICBF, Personería, Esmad y Defensa Civil. Los estaban esperando y solo luego de que la autoridad despejó el muelle e hizo entrar en razón, entre otras, a Angélica Navia, hija del padre en fuga y ocupante ilegal del suelo y la playa privatizada, Camilo Blanco, representante del alcalde, dio inicio a una mesa de diálogo. En conjunto con los demás funcionarios, disciplinado el soberbio abogado del hotel, la abogada y miembros del Consejo Comunitario se opusieron a la restitución alegando su derecho al trabajo, y a una consulta previa que no es legal por estar por fuera del espacio del título colectivo. La Ley 70/93 no transfiere autoridad para oponerse a una orden judicial de recuperación de un baldío de la nación no adjudicable.

En medio de las discusiones y la decisión de ejercer soberanía, ese 16 de marzo el juez primero laboral del circuito ante tutela del Consejo Comunitario coadyuvada por el Hotel Gente del Mar, antes de fallar ordenó la suspensión provisional de la restitución, sin considerar que el Ministerio del Interior y la Procuraduría le hicieron ver la ausencia de inmediatez y del derecho a consulta. Obvio, la diligencia se suspendió. Esa injustificable decisión impidió hacer justicia y favoreció la continuidad de los más de 20 años de esta ocupación de mala fe. ¡Increíble! al día siguiente, el 17 de mayo, el juez negó por improcedente la tutela. No se vale señor juez. Son decisiones costosas que desaniman y contribuyen a la consolidación de la apropiación ilegal del patrimonio natural y a la instrumentalización de las comunidades que los defienden para preservar los puestos de trabajo. Estoy indignado ¿usted no?

*Abogado ambientalista y comunicador.

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