El movimiento de los “Indignados” se originó en España, en el año 2011, como reacción a las políticas económicas neoliberales. Ese movimiento se extendió a otros países de Europa e incluso a los Estados Unidos, y allí las autoridades gringas trataron a esos indignados enérgicamente.
La “Indignación” que experimentamos en Cartagena, por el contrario, es una reacción de sorpresa, estupor, al enterarnos de la denuncia que el Contralor General de la Nación Edgardo Maya Villazón puso al descubierto: las tropelías que Electricaribe cometió contra todos nosotros, pero más específicamente contra las clases menos favorecidas de Cartagena, mediante maniobras “presuntamente ilegales”. Según el informe del contralor, Electricaribe en los años 2015-2016, destinó 78.500 millones de pesos para equilibrar sus finanzas y dejar expósitos a los estratos I y II de la ciudad, un acto incalificable que merece la sanción inmediata de los organismos de control: Fiscalía, Procuraduría, etcétera.
La Contraloría General de la República, tras realizar una auditoría a la empresa y revisar 19 millones de facturas: un promedio de 800 mil facturas mensuales, expedidas, antes de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decidiera intervenirla debido al pésimo servicio que venía prestando en los departamentos de la Región Caribe.
Es preciso señalar que desde el inicio de su mandato el gobernador Dumek Turbay Paz venía haciendo observaciones puntuales sobre el mal funcionamiento de la empresa, no solo en Cartagena sino en el departamento e inclusive en la Costa Caribe. Sin embargo, siempre se pensó que eran fallas de tipo técnico y por ello no prestaban un buen servicio. Ahora se descubre el hecho delictuoso, la desviación de los dineros para subsanar sus fallas internas. A Electricaribe no debe dársele más oportunidades, por lo tanto se debe dejar que la justicia actúe en este caso de desvíos de dineros de las entidades del gobierno.
Debemos acotar que la Contraloría insiste en Electricaribe al informar que pidió la ayuda de la Superintendencia de Servicios Públicos para que la empresa le entregue información de la facturación a sus clientes entre 2010 y 2014, pues hasta el momento “no ha suministrado una respuesta satisfactoria”. “Para la Contraloría es fundamental profundizar y ampliar el análisis de la información de los usuarios”, dijo el contralor general Maya Villazón.
Creemos que, con el informe del Contralor y la decidida intervención del Gobernador Turbay Paz, las entidades gremiales de Cartagena deben pronunciarse y también defender los intereses de la ciudad.
*Exdirector de El Universal. Académico de Medicina e Historia.
dmorond@gmail.com
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