“Alí estaba fumando al pie de la escalera, mirándola desangrar”, dijo una familiar de Patricia Ortíz Franco, luego de entrar a la casa donde la mujer de 45 años de edad fue asesinada el pasado 1 de septiembre. Ocurrió en una residencia del barrio Villas de La Candelaria, donde convivía con el padre de sus dos hijas, Alí Pasos Carrillo, presunto homicida, quien fue puesto en libertad por errores en el procedimiento de su captura.
Sobre el caso de Patricia, muchos medios de comunicación informaron, sin evidencias concluyentes, que se trató de un crimen pasional, en una actitud que debilita la condena social sobre una conducta grave y que reduce el delito a una anécdota inevitable producto de la naturaleza humana.
“Lo hice porque la amo demasiado, fue muy fuerte perderla y verla en brazos de otro”.
Eso decía la carta que dejó Jesús Rincón el pasado 18 de enero, después de asesinar a Katherine González, de 17 años. Tenían tres meses de convivencia, cuando ella terminó la relación porque no soportaba los celos permanentes de su pareja.
La calificación a la ligera de estos casos como crímenes pasionales es delicada y puede esconder que son producto de la construcción social que muchas veces validamos con comportamientos cotidianos que relegan a la mujer a la condición de objeto y que le otorgan al hombre el poder de decidir sobre la vida, la muerte y el destino.
Según Medicina Legal, de los 50.707 casos de violencia de pareja registrados en 2016, el 86% fue por violencia contra la mujer, violencia que en muchos casos terminó en feminicidios.
La Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar ha denunciado reiteradamente la falta de voluntad política del gobierno local para afrontar el problema preventivamente, al tiempo que ha reclamado acciones concretas en investigación judicial.
Y están en lo cierto, hay poca voluntad política. He asistido a los espacios creados por la ley para enfrentar esta situación, y en ellos, funcionarias comprometidas oyen las quejas y hacen lo que pueden, mientras sus jefes, con capacidad y poder de decidir, están ausentes.
Hace exactamente un año, ante la ocurrencia de dos feminicidios en menos de 72 horas, se prometió atender radicalmente el tema, y aquí seguimos esperando.
Las autoridades judiciales y el Gobierno distrital están obligados a abordar con eficacia la violencia de género, para lo cual, urge, como lo reclaman amplios sectores sociales, máxima diligencia en las investigaciones, la aplicación ejemplar de la ley, lo mismo que atención sicosocial a las víctimas y programas educativos para la población.
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