Inicia la cuenta regresiva

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En 2018 el nivel de pobreza extrema en Cartagena fue de 3.4%, lo que implica que cerca de 35.000 cartageneros vivieron diariamente con menos de $4.000. Este nivel de pobreza extrema duplica el de Bucaramanga, es 54% mayor que el de Barranquilla y 36% más alto que el de Bogotá.

Según estudio realizado por Jhorland Ayala y Adolfo Meisel, en 40 barrios de Cartagena se concentra “el 75% de la población pobre; el 78% en pobreza extrema; el 80% sin acueducto; el 82% sin acceso a alcantarillado; el 70% de los niños y niñas en edad escolar que no asiste a clases”.

Para lograr superar este cuadro negativo, se requiere un cúmulo de obras pequeñas, medianas y grandes, de enorme transformación. Se requiere pavimentar alrededor de 120 kilómetros de vías, llevar el alcantarillado a Pontezuela y Bayunca; el acueducto a Tierrabomba, así como promover la educación y construir centros de estudios superiores como sedes del Sena cercano a esas poblaciones; el aumento de la infraestructura escolar para poder implementar la jornada única escolar, el fortalecimiento de los colegios para lograr la doble titulación, entre otras medidas que permitan cortar el círculo de la pobreza.

Tan firme propósito tiene que tener un plazo. ¿Cuál sería mejor que el 2033, cuando Cartagena cumpla un quincentenario de fundación?

Este anhelo nos tiene que unir a todos, no solo Cartagena, también al departamento y a la nación. Por eso el fideicomiso que crea la ley, estará siempre vigilado y controlado por una junta directiva conformada por dos delegados del presidente, dos de la Gobernación, dos de la Alcaldía, tres miembros de la sociedad civil en nombre de los cartageneros y los aportantes al fondo.

¿Por qué un fondo? Pues el país ha utilizado esta figura recurrentemente para atender y prevenir calamidades. Como cuando el Forec en 1999 logró la reconstrucción del Eje Cafetero, en 30 meses. ¿Acaso la miseria no es una calamidad pública?

Ahora, la ley que crea el fondo es apenas un paso en este propósito. ¿Qué viene ahora?

Primero, su reglamentación, para lo cual el Gobierno nacional cuenta con un plazo de seis meses. Esta definirá quién será el operador que en todo caso, será una entidad del orden territorial.

En segunda medida, la Junta Directiva del fondo debe realizar el plan pensando al 2033, en armonía con los planes de desarrollo distrital, departamental y nacional. Luego, el operador y la junta tendrán que conseguir la financiación del plan, aprovechando que la ley permite diversas fuentes, y así comenzar su ejecución.

Por último, estipula la ley, los proyectos se deben terminar y liquidar antes de 2033 cuando el fondo, cumple su plazo. Así pues, comenzó la cuenta regresiva para liberar a Cartagena de la miseria.

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