Al igual que la política, la justicia en Colombia ha alcanzado altos niveles de desprestigio, con el consecuente desplome de credibilidad, para ambas, por parte de miles de ciudadanos.
A la primera se le señala de haber perdido su esencia de privilegiar el interés común, de ser proclive a provechos particulares, estandarte de la corrupción, de nutrirse de engaños, falsedades y fraude; en tanto que la justicia carga con el lastre de ser asociada al servicio del poder, selectiva, errática, e incurrir con frecuencia deliberadamente en absolver a culpables y condenar a inocentes.
A pesar de las descalificaciones, o de los estigmas, estos dos sectores siguen siendo pilares de la institucionalidad, de la democracia, y por consiguiente, de nuestra organización social. Quienes los representan lo saben y ello explica la permanente existencia de vasos comunicantes entre ellos.
Son múltiples las aristas desde las cuales se podría abordar el análisis de este fenómeno en niveles y dimensiones que van desde la infinidad de casos emblemáticos, hasta la denigrante utilización que hace cada sector en una contienda electoral, por ejemplo.
Cartagena no escapa a lo que algunos llaman la “politización de la justicia”, o la “judicialización de la política”. Así quedó evidenciado en los recientes debates públicos protagonizados por candidatas y candidatos a la Alcaldía, en los que el denominador común fue la acción judicial (real o inventada) para deslegitimar políticamente a contrarios, y de agresiones que derivaron en judicialización, con víctimas y victimarios que pasarán del proselitismo electoral a los estrados judiciales.
Los entendidos en el tema saben bien que en el ejercicio del poder político, una demanda o investigación no se le niega a nadie, y que estas, o las sentencias, se pueden convertir en hechos políticos importantes. Por ello, en varios casos las referencias a estas en contra de oponentes, debidamente soportadas o temerariamente desempolvadas después de archivadas, están lejos de pretender validar desde “la majestad de la justicia” aspiraciones electorales en beneficio de los votantes, sino de propiciar condenas políticas previas a la decisión final de la justicia, que a la fecha no ha deslegitimado a ninguna de las candidaturas.
A algunos aspirantes les falta poco para aparecer en los debates públicos luciendo toga y mazo, intentando fungir como jueces implacables de sus contrarios, y a otros pedir la presencia de comisiones judiciales de garantías en las intervenciones de campaña.
Convendría mucho a Cartagena que en lo que falta de la contienda electoral todos los candidatos hicieran un receso en la pretendida judicialización de la política y a cambio privilegiaran las propuestas a soluciones de tantos problemas que afronta la ciudad, que en justicia, es lo que piden a gritos los electores.
*Asesor en comunicaciones.
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