En el camino de la paz lo inconveniente son las objeciones que el presidente hizo a la Ley Estatutaria de la JEP, por ser revanchistas y evidenciar una animadversión política que polariza, agrede la esperanza social de reconciliación, al Congreso que la debatió y concertó, y a la Corte Constitucional que determinó que los 6 artículos impugnados se ajustan a la Carta Magna.
Es una falsa verdad que el presidente afirme que las objeciones son una “oportunidad única para construir consenso”, cuando se pretende imponer la voluntad de su partido desconociendo consensos previos a la expedición de la ley.
Irresponsable que el jefe de Estado insista en una variación unilateral del Acuerdo y anuncie una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01/17, legitimador de lo pactado entre las Farc y el Estado y que obliga a la institucionalidad a respetarlo por tres periodos presidenciales.
Los partidos actores del proceso, líderes políticos, culturales, sociales y la juventud, como en los tiempos del Sí y el No, ante el peligro para la satanizada JEP, alzamos la voz y el mundo escuchó.
La protesta obligó al canciller a explicar a la ONU y la Corte Penal Internacional que el golpe a la JEP no la ponía en peligro. Desconfían de la justicia transicional, temen que la verdad regule la pena.
Para el fiscal, coautor del palo en la rueda, las objeciones son "una oportunidad para cerrar el capítulo", pero del desconocimiento de la Corte Constitucional como órgano de cierre, le cobran su ecuanimidad.
El choque de trenes es un golpe a la Justicia que, como sucede con la JEP, el uribismo no controla. La independencia les duele, la reconciliación no es su ideal.
El absolutismo al crear incertidumbre juega con candela propiciando -ojalá y no- que muchos retornen a las armas.
Un ejemplo es la intolerancia y odio de Paloma Valencia, alfil de Uribe, que frustra la sesión de la comisión de Paz del Congreso gritándole “narcoterrorista” al senador de las Farc.
No son 6 los artículos objetados pues no hay ley mientras que el Congreso decida si las acepta o las desacata, o la archive si las cámaras difieren.
El Gobierno la tiene difícil, no cuenta con los 54 votos en el Senado ni los 87 en la cámara, sí con una amplia oposición de los partidos. Si Cambio Radical rechaza los reparos, el presidente tendrá que sancionar la ley.
De no ser así, la Corte antes del 20 de julio revisará de fondo y forma las modificaciones a la ley, o si es archivada.
Después de las objeciones la Corte falló 2 demandas: negando la sala especial para juzgar a militares y la del derecho de la JEP de practicar pruebas en el caso de las extradiciones.
¡Qué vaina! Este retorno al pasado no deja valorar que como decía Carlos Pizarro “el que se repite se derrota”.
*Abogado ambientalista y comunicador.
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