Justicia al revés

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Una de las causas de la ineficiencia e ineficacia de la Justicia colombiana son las pésimas condiciones locativas en que trabajan los empleados y funcionarios judiciales, aparte de la falta de inversión en tecnologías e informática.

Los juzgados laborales en Cartagena fueron trasladados para el barrio España, supuestamente para mejorar el servicio, pero ahora las condiciones son peores, las instalaciones no están adecuadas para prestar un buen servicio a los clientes.

Con el funcionamiento de 8 juzgados laborales de circuito, 5 juzgados municipales de pequeñas causas laborales, y áreas complementarias, los más perjudicados terminan siendo los usuarios de la rama judicial y abogados litigantes, porque no se puede brindar un adecuado servicio de administración de justicia.

Las condiciones locativas en que se encuentran trabajando son deplorables, con un despacho reducido no solo para el usuario sino para los mismos funcionarios, representando una amenaza a la salud, vida de funcionarios y usuarios judiciales.

Estos juzgados carecen de cubículos, sillas de espera, equipos actualizados, ventilación, zonas de parqueo, entre otros. Estos son algunos de los requerimientos que hacen falta en las oficinas del juzgado para brindarle una mejor atención al cliente.

Lo más aberrante es que el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Édgar Carlos Sanabria Melo, y el director ejecutivo de Administración Judicial, José Mauricio Cuesta Gómez, inaugurarán este esperpento a finales de mes.

Esperamos que el gobierno de Juan Manuel Santos y su ministro de Justicia entiendan que esto no es serio de un Gobierno nacional ni local, que no puede haber paz si no hay garantías para quienes hacen cumplir la ley, y para sus usuarios.

Así mismo, se le debe hacer un llamado a la Fiscalía General de la Nación, al procurador y al contralor general, porque en Cartagena no pueden seguir sucediendo estos lamentables hechos, paradójicamente con la Justicia.

La burocracia y el clientelismo existen en la rama judicial, no solo por parte del Consejo Superior de la Judicatura, el encargado de administrar los dineros de la rama judicial, sino también en los aportes del Ministerio de Hacienda.

Exigimos como sociedad civil, como organizaciones sociales, una reubicación inmediata, para que la ciudadanía y los abogados litigantes tengan acceso a la Justicia en condiciones dignas.

El Colegio de abogados litigantes de Cartagena se ha expresado pública y pacíficamente por estas vulneraciones a principios y derechos fundamentales, y esperamos que las autoridades competentes actúen ante este caso de la Justicia al revés.

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